Cristina Marin, la joven asesinada en Lepe el pasado 7 de julio presuntamente por su expareja, L.D.V., se había decidido a denunciar a su maltratador el 17 de junio. En aquella jornada se presentó en el puesto de la Guardia Civil de la localidad, formalizó la acusación policial contra el padre de sus hijas y los agentes le dieron de alta en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén), de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. El programa informático arrojó "una valoración de riesgo medio", tal y como consta en el atestado policial, al que ha accedido Huelva Información. Él no tenía antecedentes, ella no lo había denunciado con anterioridad.

El Juzgado de Instrucción 3 de Ayamonte impuso al agresor como medida cautelar una orden de protección que le impedía aproximarse a menos de 200 metros de Cristina, su domicilio, su lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado por ella. Tampoco podía comunicarse con la víctima ni portar o usar armas. Pero tras acosarla con más de 78 llamadas en los ocho días previos al homicidio, como ya avanzó este diario, le arrebató la vida con más de 15 cuchilladas en torno a las 8:00 del sábado 7 de julio, apenas una semana antes de que ella cumpliera 25 años.

El riesgo medio de VioGén contempla la vigilancia ocasional y aleatoria en el domicilio y lugar de trabajo de las víctimas, así como durante la entrada o salida de los centros escolares de los hijos (Cristina y su presunto homicida tienen dos niñas de tres y cinco años). Además, incluye el acompañamiento de la víctima en actuaciones de carácter judicial, asistencial o administrativo cuando se considere que pueda existir un riesgo, así como una entrevista personal con los responsables de la unidad policial encargada de su protección.

En la última entrada del Boletín Estadístico Mensual de la Violencia de Género, publicado por el Ministerio de Igualdad, consta que en VioGén había en el mes de junio 1.112 casos activos en la provincia de Huelva. Entre los 89 asuntos de riesgo medio figura el de Cristina Marin. Hay otros 585 de riesgo no apreciado, 435 de nivel bajo, dos en riesgo alto y uno en riesgo extremo. En total, 7.036 mujeres víctimas de la violencia machista residentes en Huelva han sido dadas de alta en el sistema desde que este funciona, aunque ya hay 6.467 casos que están inactivos.

Llama la atención en el análisis de los datos estatales que 20 de los casos activos en VioGén en el mes de junio son de chicas de entre 14 y 17 años, todas españolas. En total, 13 están en situación de riesgo no apreciado, seis en riesgo bajo y una de ellas está clasificada en riesgo medio.

Cristina Marin, asesinada cuando solo tenía 24 años, aparece en la categoría de las víctimas de entre 18 y 30 años, que concentra 316 asuntos activos en total. Ella, de nacionalidad rumana, aparece entre las 26 mujeres en peligro de nivel medio, junto con otras tres extranjeras y 22 españolas. Hay otras 165 víctimas con riesgo no apreciado, 123 en nivel bajo, una en alto y otra en extremo.

La franja de edad con mayor entidad en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género de junio es la que va de los 31 a los 45 años. Aquí constan 259 casos activos: 256 en peligro no apreciado, 195 en bajo, 42 en medio y uno en alto.

De los 46 a los 64 años hay 259 asuntos vivos, con 256 casos en peligro no apreciado, 108 en bajo y 18 en medio. Con 65 o más años permanecen bajo control policial 23 asuntos, 18 con riesgo no apreciado, tres en bajo y dos en nivel medio.

Aunque la estadística da una idea de la realidad actual de la violencia machista en la provincia de Huelva, hay que tener en cuenta que únicamente constan en VioGén las mujeres que sí han denunciado a sus agresores, por lo que los expertos señalan que esto es solo la punta del iceberg del infierno en el que están sumidas muchas víctimas.

Solo en el primer trimestre de este año 555 mujeres han presentado denuncias por violencia de género en nuestro territorio. La cifra supera las 20.300 si se echa la vista atrás al inicio de los registros, en 2007. A día de hoy, 527 mujeres tienen protección policial en la provincia, ya sea por parte de la Guardia Civil (Emume), de la Policía Nacional (UFAM) o de las policías locales, cada vez más implicadas en el combate contra esta lacra social.

También en el primer trimestre de este año, los jueces han incoado 170 órdenes de protección, 112 de ellas adoptadas; son 5.841 desde enero de 2007, como consta en la estadística ministerial.

En junio había 118 hombres residentes en Huelva cumpliendo condena por violencia de género en el centro penitenciario de La Ribera. Además, estaban activos doce dispositivos electrónicos para el control de la ubicación de los agresores, un 20% más que a la misma altura del año pasado.

El teléfono 016 ofrece atención gratuita y profesional a las víctimas y a su entorno las 24 horas del día y todos los días del año. En el mes de junio recibió 73 llamadas pertinentes procedentes de la provincia onubense. Algo más de la mitad de ellas, 39 (el 53,4%), fue realizada por la propia víctima. Pero otras 24 la efectuaron familiares y allegados de la misma (el 32,9%).

Otro de los recursos disponibles para las mujeres maltratadas es el Servicio Telefónico de Atención y Protección para las Víctimas de Violencia de Género (Atenpro), que se basa en la utilización de tecnologías de comunicación telefónica móvil y de telelocalización que permiten que las mujeres puedan entrar en contacto en cualquier momento con un centro atendido por personal específicamente preparado para dar una respuesta adecuada a sus necesidades. En Huelva ocho víctimas fueron dadas de alta en el mes de junio, con lo que ya hay 117 perjudicadas activas en Atenpro.

Entre 2005 y junio de este año, 415 perjudicadas empadronadas en la provincia han recibido ayudas para cambiarse de vivienda y se concedieron otras 125 autorizaciones residencia temporal y trabajo a víctimas extranjeras con hijos menores a su cargo.