LA Administración General del Estado, con sus empleados públicos, es el sector público que más ha sufrido las consecuencias de la crisis económica de los últimos años. La carencia de una Ley de Función Pública que permita la implantación de nuevos métodos de evaluación del desempeño que, a su vez, habiliten la promoción profesional mediante la puesta en marcha de una verdadera carrera profesional que premie el esfuerzo y la dedicación de los empleados públicos, ha devenido en una situación de agravio comparativo con trabajadores de otras administraciones. Ello se traduce en una considerable diferencia en las remuneraciones así como de las posibilidades de promoción profesional.

En estos últimos años, desde CSIF, hemos trabajado para conseguir la restitución de los derechos laborales y retributivos que nos fueron arrebatados en durante los años de la crisis económica. Conseguimos la devolución de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 y acabar con las congelaciones salariales de varios ejercicios. Somos conscientes de que los empleados públicos siguen perdiendo poder adquisitivo -un 30% en los últimos cinco años -, en tanto que las subidas salariales en ningún caso están por encima de la inflación.

Además de esta situación coyuntural, a lo largo de los años se ha generado un agravio comparativo en la Administración General del Estado en comparación con las retribuciones que percibe el personal de otros sectores públicos. Así, el personal de la AGE tiene hoy unas retribuciones un 25 por ciento inferiores respecto a la media de las diferentes comunidades autónomas y corporaciones locales. Para CSIF, esta discriminación es aún más difícil de entender si analizamos el número de empleados públicos afectados que se sitúa en torno a los 200.000.En cuanto a las condiciones laborales de los empleados públicos, en estos últimos años hemos conseguido las jornadas inferiores a 37,5 horas de trabajo y los descuentos por incapacidad temporal e iniciar el camino en medidas relativas a la conciliación familiar. CSIF ha firmado, además, también el IV Convenio Único del Personal Laboral al Servicio de la Administración General del Estado, que si bien hubiésemos deseado una mayor concreción y avances, hemos querido estar presentes para asegurar el mayor nivel de protección de los trabajadores.

En cuanto al empleo público, en estos años hemos alcanzado dos acuerdos de estabilización en el empleo que han hecho posible que la interinidad se pueda reducir hasta un 8 por ciento en tres años. Este acuerdo también ha posibilitado un aumento significativo en la tasa de reposición que lo sitúa en el 100 por 100 para los sectores prioritarios y en el 75 para el resto, más un 5 por ciento del total para los ámbitos donde se considere necesario un refuerzo adicional, aumentando las plazas en las últimas ofertas de empleo público (OPE).

Sin embargo, la destrucción de empleo producida en los últimos años es tan notoria que, a pesar de la mejora en las ofertas de empleo de los dos últimos ejercicios, aún no ha permitido que se recuperen los niveles de empleo público de los años anteriores a la crisis. Además, contamos con plantillas muy envejecidas con promedios de edad cercanos a la jubilación.

Por otra parte, los recortes económicos en la Administración Públicas han afectado a la necesaria prevención de riesgos laborales que en muchos casos resulta insuficiente. Somos conscientes de la importancia de este asunto y seguiremos trabajando para su mejora y la oportuna denuncia cuando sea necesario. CSIF ha estado al lado de los empleados públicos frente a las agresiones que venimos sufriendo y hemos estado defendiendo sus derechos e intereses.

Los Empleados públicos de la Administración General del Estado gestionamos con responsabilidad asuntos vitales para la sociedad en todas las áreas de conocimiento. Desde CSIF estamos convencidos de nuestra importancia, de nuestra preparación y del agravio constante que sufrimos como colectivo. Si no fuese por el esfuerzo realizado por todos los trabajadores durante los últimos años hubiese sido imposible satisfacer las necesidades de los ciudadanos, en un contexto de recorte de plantillas.