El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, sostiene que la ley de autoridad del profesor puede ser un arma eficaz para mejorar la convivencia en algunos centros docentes donde surgen problemas que afecten a este ámbito, “aunque no hay una solución fácil”.Imbroda comentó que la ley de autoridad del profesor es una de las primeras medidas que su consejería ha incentivado, si bien no dejó de mostrar su asombro ante la derivada que la sociedad ha tomado respecto a la enseñanza y “es una pena que se haya llegado hasta la situación que estamos ¡viviendo en la actualidad”.

El consejero de Educación contrapuso este panorama al que se daba hace unos años:“Antes era inaudito pensar que se pudieran dar circunstancias como a veces vemos porque entre otras cosas, la figura del docente era sagrada y si no lo vemos así mal vamos”. No obstante quiso apuntar que la ley de autoridad del profesor “no va a conquistar por sí sola el respeto que se merece el docente, pero sí será un instrumento para que las familias entiendan que la consejería los va a apoyar y que no se permitirá ninguna falta de respeto.

Y aunque esto pueda llegar a ocurrir de todos modos, la ley permitirá que se marque mejor el lugar en el que cada uno de nosotros debemos estar pues cada uno tiene su misión: los padres educan, los docentes forman y nosotros colaboramos para que todo eso funcione bien y los niños hagan lo que tienen que hacer que es aprender”.Las declaraciones del consejero se encuentran relacionadas con el comunicado que hace escasos días, hizo público el claustro de profesores del Instituto Saltés de Punta Umbría y que contó con el respaldo del Ampa del centro.

En él se hacia referencia al deterioro del clima de convivencia en el centro; deterioro que por parte de algunos estudiantes es tal, que han tenido que recurrir a otras instancias dado que las medidas disciplinarias de la dirección del instituto, “no son nada eficaces” tal y como se reconoce en el comunicado.Ante esto, los docentes han llegado a recurrir a la Comandancia de la Guardia Civil de la localidad, con sendos informes derivados por la dirección del centro al Juzgado de Menores número 1 de Huelva o la derivación de la información que se realiza hacia la Inspección Educativa de la Delegación Territorial de Educación.