Huelva

La comunidad educativa de Huelva opina sobre la ley Celaá

  • La Lomloe nace, como sus predecesoras, con los votos en contra de toda la oposición

  • Análisis sobre algunas de las principales novedades

La ministra de Educación, Isabel Celaá, en el Congreso de los Diputados. La ministra de Educación, Isabel Celaá, en el Congreso de los Diputados.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, en el Congreso de los Diputados. / Efe (Madrid)

La educación ya cuenta con una octava ley que, como las anteriores, nace con las críticas de la oposición. El tan referido pacto por la educación parece una utopía y en este contexto ha sido aprobada la ley orgánica que modifica la LOE. El nuevo nombre para esta reforma es Lomloe, más conocida como ley Celaá en referencia a la actual ministra de Educación.

Dentro de las novedades, algunas de las que provocado las principales críticas son las relativas a la enseñanza concertada, a la Educación Especial o a la asignatura de Religión, que se seguirá ofertando pero no computará para la nota final. Sobre estos aspectos Huelva Información ha pedido su opinión a tres agentes de la comunidad educativa en Huelva.

Han contestado a las preguntas planteadas los representantes onubenses de la plataforma Más Plurales –formada por las patronales Escuelas Católicas y CECE, los sindicatos FSIE y la Federación de Enseñanza de USO, más los representantes de las familias Concapa y Fapyma–, el sindicato Ustea –mayoritario en la Junta de Personal de la Delegación de Educación– y la presidenta en Huelva de la Federación de asociaciones de madres y padres de alumnos (Fampa) y representante provincial de la Codapa.

Las cuestiones que aquí se apuntan no son las únicas que han encendido el debate que, también como en anteriores ocasiones, en muchas ocasiones se ha desarrollado en términos más políticos que estrictamente educativos.

Plataforma Más Plurales 

¿De quién es la responsabilidad de que el sistema educativo español vaya por su octava ley en la etapa democrática?

La responsabilidad es de los distintos gobiernos, de la histórica poca voluntad de consenso de nuestros partidos políticos en varios temas que deberían ser inamovibles y duraderos, como la sanidad o la educación... En este caso transforman la educación en una cuestión ideológica por encima de todo.

La Lomloe vuelve a imponer una ley partidista e ideológica sin consenso social, sin visión de Estado y sin atender el clamor ciudadano y de la comunidad educativa por la estabilidad y a favor de un pacto de estado por la educación.

La Plataforma Más Plurales ha reiterado su oferta de diálogo al presidente del Gobierno y a la ministra de Educación con el fin de cambiar y mejorar una ley que sea consensuada y aprobada pot toda la comunidad educativa y la propia sociedad.

“Para garantizar la posibilidad de escolarizar a todos los alumnos sin discriminación por motivos socioeconómicos, en ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica por parte de las familias de los alumnos”. ¿Cuál es su postura acerca de este punto de la reforma educativa en relación a la enseñanza concertada y por qué?

En este tema tenemos que comentar desde la Plataforma Más Plurales, que nuestros alumnos de la enseñanza concertada están gravemente discriminados en aportaciones que se recibe de la Administración en módulos de otros gastos. No tenemos ningún problema, ya que nunca ha sido obligatorio para ninguna familia una aportación y es más, cuando un alumno está pasando por dificultades económicas familiares, se hace todo lo posible por que siga siendo atendido en el comedor o en el transporte escolar,etcétera.

caravana caravana

caravana / Josué Correa (Huelva)

¿Qué opinan acerca de la posibilidad de pasar de curso con una o dos asignaturas suspensas -según la etapa educativa-?

Deja de valorarse claramente la ley del esfuerzo por parte del alumno, a opinión de una gran parte de padres, madres y docentes. No todo vale para maquillar esos informes externos que se nos hacen desde Europa. Aprobar a toda costa y a cualquier precio no es la salida para que exista menor fracaso escolar. Deja sin herramientas y sin medios al profesorado en el aula.

Si verdaderamente se quisiese entrar en este tema y subir nuestra calidad educativa al máximo, como debe de ser para el futuro de nuestros hijos, bájese la ratio alumno-aula e inviértase de una vez por todas en educación.

“El Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, de acuerdo con el artículo 24.2. e) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Obejeivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuentan con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”. ¿Cuál es su opinión acerca de este punto de la nueva ley en relación a la Educación Especial?

Desde la Plataforma Más Plurales sabemos, y la experiencia nos lo dice, que esta ley no irá suficientemente acompañada de dotación presupuestaria para que eso suceda. Las intenciones sin dotación presupuestaria seguirán siendo un brindis al sol. La inclusión no es dejar entrar, es dar la bienvenida y dotarles de los recursos reales necesarios a estos centros específicos.

Para aquellos padres que deciden escolarizar a sus hijos en los centros de Educación Especial, hacen una labor brutal con estos chicos y es inviable que sean atendidos así en los centros ordinarios a día de hoy, y sin dinero suficiente a 10 años vista. Tenemos que tener en cuenta que con ellos hay que realizar un itinerario de vida muy específico y con un seguimiento individualizado del día a día en sus vidas… Es cuestión de libertad de elección, esta ley no es matar mañana, es matar a muerte lenta y estamos seguros de que los medios personales-profesionales y también de adaptaciones de espacios no llegarán como deben para este perfil de alumnos.

¿Qué les parece que la asignatura de Religión ya no compute para la nota media del curso?

Se vuelve a postergar la enseñanza de la religión sin alternativas y sin efectos en la evaluación. Uno de los objetivos tradicionales de los gobiernos de izquierda es su opción por el laicismo activo como ideario de la educación. Con esta ley lo quieren aplicar incluso en los centros que no son de su titularidad.

La asignatura de religión tiene una alta demanda y en su elección se ejerce en parte el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones (art. 27,3 de la Constitución). Religión sin asignatura espejo y sin puntuar ni baremar es una invitación a no realizarla. Nuestros hijos dejarán de recibir una asignatura que si ojeamos su programación, es sobre cultura general de las distintas religiones que existen. Además, muchísimos buenos profesionales de la docencia acabarán en la lista del paro.

María Jesús Valle Contreras. Presidenta y representante en Huelva de Fampa y Codapa

¿De quién es la responsabilidad de que el sistema educativo español vaya por su octava ley en la etapa democrática?

Es responsabilidad de los tres poderes del Estado (cada uno en el ejercicio de sus funciones y competencia), de la oposición política de nuestro país (en su totalidad) y de cada individuo de exigir a sus representantes políticos, blindar la educación por un periodo de doce años.

Garantizar con ello la permanencia de docentes en los centros educativos (desestimando traslados innecesarios,obstaculizando el proyecto docente), los presupuestos a niveles europeos y a especialistas en los centros que garanticen trabajar el equilibrio emocional, imprescindible para el desarrollo del alumnado.

“Para garantizar la posibilidad de escolarizar a todos los alumnos sin discriminación por motivos socioeconómicos, en ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica por parte de las familias de los alumnos”. ¿Cuál es su postura acerca de este punto de la reforma educativa en relación a la enseñanza concertada y por qué?

La Administración educativa negocia dotaciones económicas en función de las etapas ofertadas con los centros sostenidos con fondos públicos, garantía de su capacidad de gestión son las renovaciones de conciertos sin incidencias.

Es responsabilidad y competencia exclusiva de la Administración educativa velar por la igualdad, equidad y diversidad dentro de los centros educativos y poner a su servicio las herramientas necesarias que garanticen el correcto funcionamiento, las dotaciones económicas y las infraestructuras necesarias que aseguren la seguridad del alumnado.

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¿Qué opina acerca de la posibilidad de pasar de curso con una o dos asignaturas suspensas -según la etapa educativa-?

Los especialistas, al igual que las familias, opinan que repetir curso no aumenta el conocimiento del alumnado. Los estudiantes necesitan una formación que se adapte a sus posibilidades y trabajar de una forma más personalizada. Para ello es necesario mayor número de docentes, bajadas de ratio y especialistas dentro de los centros educativos.

La promoción del alumnado es consensuada por el equipo docente correspondiente y en caso de asignaturas pendientes las familias tienen voz y voto.Una cima se puede culminar con el esfuerzo y tomando varios caminos.

“El Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, de acuerdo con el artículo 24.2. e) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Obejeivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuentan con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”. ¿Cuál es su opinión acerca de este punto de la nueva ley en relación a la Educación Especial?

La Educación Especial necesita una inclusión real en centros ordinarios con todas las garantías necesarias para su desarrollo. El alumnado de Educación Especial podrá luchar por sus objetivos siempre que sean reales las dotaciones necesarias para ello, sin perjuicio de la permanencia de los centros de Educación Especial puros. Esta ley garantiza la posibilidad de acceso a las familias que así lo deseen, respetando y teniendo en cuenta las posibilidades del alumnado.

¿Qué le parece que la asignatura de Religión ya no compute para la nota media del curso?

La religión es un crecimiento espiritual del individuo, sólo la persona que elige su formación y desarrollo puede evaluar su progresoen torno a ella. Es por esta razón que corresponde al individuo su evaluación, que debe ser respetada.

Isabel López Lorenzo. Responsable de organización de Ustea Huelva

¿De quién es la responsabilidad de que el sistema educativo español vaya por su octava ley en la etapa democrática?

La falta de estabilidad de las leyes educativas del sistema educativo español se debe al uso partidista de la educación como herramienta de poder por parte de nuestros dirigentes políticos. La confrontación ideológica debería dar paso al consenso político en este tema, partiendo de un acuerdo de mínimos básicos si queremos fortalecer una escuela que no se vea obstaculizada en su desarrollo con cada cambio de Gobierno.

“Para garantizar la posibilidad de escolarizar a todos los alumnos sin discriminación por motivos socioeconómicos, en ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica por parte de las familias de los alumnos”. ¿Cuál es su postura acerca de este punto de la reforma educativa en relación a la enseñanza concertada y por qué?

Nuestra postura es clara y bien sabida. Estamos en contra de los conciertos educativos. La ciudadanía tiene derecho a una escuela pública, gratuita y de calidad contrastada.

Los centros concertados son empresas privadas que hacen de la educación un negocio recibiendo financiación por parte de la Administración y que –sin embargo– no es accesible a todas las personas: las cuotas, que ya no son voluntarias, sirven para desanimar a las familias con menos recursos, sin mencionar gastos como los uniformes, las actividades complementarias, etcétera.

¿Qué opina acerca de la posibilidad de pasar de curso con una o dos asignaturas suspensas -según la etapa educativa-?

Desde nuestro punto de vista no es tanto el número de suspensos como el desarrollo apropiado de competencias básicas a lo largo de una etapa. En ningún caso estamos contra la cultura del esfuerzo pero sí creemos más apropiado un buen desarrollo personal del alumnado basado en los valores democráticos de igualdad, equidad, respeto por la diversidad y aportación del individuo al bien común. El equipo educativo es el que valora la adquisición de competencias y habilidades del alumnado.

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dibujo / Josué Correa (Huelva)

“El Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, de acuerdo con el artículo 24.2. e) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Obejeivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuentan con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”. ¿Cuál es su opinión acerca de este punto de la nueva ley en relación a la Educación Especial?

Este acuerdo sería lo ideal pero sabemos que implementarlo en nuestros centros educativos conlleva unos recursos humanos y monetarios más ambiciosos. El desarrollo integral del alumnado, independientemente de sus circunstancias en cualquiera de las etapas del sistema educativo, debe apostar para ello por la equidad y calidad en la educación dentro de un modelo de escuela inclusiva.

Pero este modelo inclusivo nunca ha llegado a instaurarse en la escuela pública. Es una falacia que solo existe reflejada en palabras en la normativa. Solo con recursos personales se consigue la base para la verdadera inclusión y siempre han sido insuficientes. Cada curso escolar los equipos directivos entran en una auténtica lucha por conseguir estos recursos, suplicando profesionales de educación especial para sus centros (PT, AL, PTIS, orientadoras y orientadores, etcétera).

La realidad nos lleva a tomarnos esta inversión muy en serio si no queremos quedarnos a medio camino en perjuicio del alumnado con NEAE (Necesidades Específicas de Apoyo Educativo).

¿Qué le parece que la asignatura de Religión ya no compute para la nota media del curso?

Basándose en un acuerdo de mínimos básicos, antes mencionado, para poder llegar a un consenso político en esta materia nos parece un primer paso pero insuficiente. La inclusión de la asignatura de Religión en el currículo escolar es una anomalía que se produce en una minoría de países europeos.

En la mayoría de ellos, esta asignatura queda fuera de los recintos educativos, limitándose al ámbito privado donde la persona tiene todo el derecho del mundo a seguir las creencias que considere convenientes; o al menos queda al margen del currículo escolar y si se imparte en el centro educativo, es fuera del horario lectivo. La laicidad de la escuela pública debe ser un valor que transcienda los debates políticos y la confrontación de ideas.

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