Huelva

Los seis acusados de La Borrachuela se desvinculan de los pozos ilegales

  • Unos aseguran que nunca formaron parte de las empresas arrendatarias; otros, que no las administraban entre 2009 y 2012

Acceso a la finca Morcillo Moguer de La Borrachuela, en Almonte, vinculada a varios empresarios encausados. Acceso a la finca Morcillo Moguer de La Borrachuela, en Almonte, vinculada a varios empresarios encausados.

Acceso a la finca Morcillo Moguer de La Borrachuela, en Almonte, vinculada a varios empresarios encausados. / josué correa

En la angosta sala del Juzgado de lo Penal 3 de Huelva -de la que la prensa tuvo que marcharse para dejar hueco a peritos y testigos- se celebró ayer la primera sesión del juicio contra los seis empresarios vinculados a la macrofinca almonteña La Borrachuela, de 150 hectáreas y ubicada en la cabecera del arroyo de la Rocina, acusados de extraer ilegalmente agua del acuífero 27 de Doñana, que abastece al espacio natural y que es fundamental para su pervivencia. Cada uno de ellos se enfrenta a una petición de prisión de tres años y diez meses por un delito contra los recursos naturales, según solicita el fiscal delegado de Medio Ambiente, Alfredo Flores.

En el plenario todos optaron por responder únicamente a las preguntas de sus abogados y por desvincularse totalmente de los hechos justiciables.

El primero en declarar, J.M.G.R., maestro de profesión, indicó que realiza esta labor a tiempo completo y que "no he desempeñado ningún cargo en la empresa Morcillo Moguer SL ni tampoco he estado relacionado con la finca La Borrachuela". Su hermana, L.G.R., quien admitió que gestionó la explotación entre 2009 y 2012 -años en que se centran los hechos- lo exculpó también diciendo que "él no tenía nada que ver ni con la explotación ni con la gestión y administración de esa sociedad".

M.T.G.C., empresaria de otra de las sociedades que operaba en La Borrachuela, indicó que ella no se hizo cargo de la compañía "hasta mitad de 2013", situándose fuera del plazo que se juzga.

Exculpando a su hermano J.M.G.F. se pronunció ante la magistrada Estela San José el presidente de la Sociedad Agraria de Transformación (SAT) Alconeras, M.G.F., quien defendió que entre 2009 y 2012 tampoco él tenía arrendada la correspondiente parcela de La Borrachuela. "Mi hermano no ha ostentado cargo alguno en la empresa", indicó.

Después, la magistrada escuchó el testimonio de los seis agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil que investigaron el caso, a dos peritos de la Fiscalía General y a varios de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

El juicio continuará el próximo 21 de diciembre, ya que ayer quedó pendiente la declaración de un perito de la CGH por incomparecencia y de otro perito aportado por la defensa "de forma sorpresiva y desleal" en las cuestiones previas, según manifestó el fiscal en la vista oral. Como la magistrada admitió la pericial, Flores contará ahora con algo más de tiempo para analizarla. Ésta se centra en las extracciones de agua y su impacto en el entorno de Doñana.

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