Huelva

El acusado del acuchillamiento del policía no podrá pisar Punta pero sí portar armas

  • Fernando C.M. ha sido condenado a dos años de prisión, con suspensión por 4 años de la pena

  • En la tarde de ayer abandonó la penitenciaría onubense de La Ribera

El acusado del acuchillamiento del policía, saliendo del Palacio de Justicia con un fuerte dispositivo policial. El acusado del acuchillamiento del policía, saliendo del Palacio de Justicia con un fuerte dispositivo policial.

El acusado del acuchillamiento del policía, saliendo del Palacio de Justicia con un fuerte dispositivo policial. / Canterla (Huelva)

Dos años de prisión. Esa es la pena a la que ha sido condenado Fernando C.M., acusado del acuchillamiento al jefe de la Policía Local de Punta Umbría, Antonio Garrido, el pasado día 7 en plena actuación contra la venta ambulante ilegal en la playa. El magistrado José Manuel Balerdi lo considera autor de un delito de atentado con instrumento peligroso en concurso con otro de lesiones con instrumento peligroso y le aplica las circunstancias atenuantes de enajenación mental y reparación del daño, puesto que ya ha consignado las indemnizaciones fijadas por la Fiscalía.

En la sentencia, a la que tuvo acceso ayer en primicia Huelva Información, el magistrado sustituto del Juzgado de lo Penal 1 de Huelva prohíbe a este hombre acudir a la localidad de Punta Umbría (aunque no reside en el municipio) y comunicarse por cualquier medio con la víctima del ataque con arma blanca por un plazo de cuatro años. Sin embargo, no contempla la accesoria de prohibición a la tenencia y el porte de armas, como sí había solicitado la acusación particular.

Con la medida de alejamiento se pretende "evitar la posibilidad de reiteración de situaciones como la enjuiciada y que redundarían en favor del derecho de la víctima al ejercicio de su vida personal y profesional en un clima de sosiego y seguridad".

Fernando C.M. tendrá que abonar además una multa de 360 euros por los delitos leves de lesiones a otros cuatro agentes, así como la mitad de las costas procesales.

Sobre su hermano, Mikel C.M., ha recaído una condena de seis meses de prisión por ser el autor de un delito de atentado a agente de la autoridad, con la atenuante de reparación del daño al haber sufragado también las preceptivas indemnizaciones, si bien tendrá que añadir 155 euros por los desperfectos ocasionados en las gafas a uno de los policías. En su caso, pagará 270 euros de multa por tres delitos leves de lesiones.

Balerdi ha decidido suspender la pena de prisión a los dos hermanos, puesto que ninguna de ellas rebasa los dos años y ambos carecen de antecedentes penales vigentes. Pese al reparo de la acusación particular (que citaba como elementos a tener en cuenta "la gravedad del delito" o lo "execrable de la actuación"), el juez considera que "no se aprecia ninguna justificación para convertir el presente supuesto en una excepción" y mandarlos entre rejas, a tenor de las circunstancias personales de los acusados e "incluyendo su esfuerzo de reparación".

Por tanto, sus condenas quedan en suspenso durante cuatro años, "periodo superior al habitual", como observa su señoría. Eso sí, no entrarán en prisión con la condición de "no delinquir" en ese plazo, "abonar las indemnizaciones establecidas y con prohibición de acudir durante el periodo de suspensión a la localidad de Punta Umbría" con el fin de "evitar ocasión o motivo para reiteración delictiva".

La condena de Mikel C.M. se queda en seis meses; la del bañista, en 540 euros de multa

Ante estas conclusiones se dictó ayer el mandamiento de puesta en libertad de un Fernando C.M. que llegó al Palacio de Justicia de Huelva a las 10:49 para conocer la sentencia y que permaneció allí apenas 25 minutos. Se marchó a las 11:15 al centro penitenciario de La Ribera ocultando su cara a la prensa. Solo unas horas más tarde, en torno a las 17:00, abandonaba el penal arropado por su familia.

A Mikel C.M. se le mantiene también la medida de alejamiento impuesta por el juez instructor el pasado 9 de agosto hasta que la condena sea firme. Asumirá el 40% de las costas.

El bañista, Manuel P.V., está obligado a pagar 540 euros de multa y la décima parte de la costas. A él se le atribuye la autoría de un delito de resistencia a la autoridad, con la atenuante de reparación del daño, después de que el agente agredido renunciara en el juicio a ejercer la acción penal contra él.

El magistrado concreta que como la norma se atiene a un "cálculo matemático exacto" y se ha rebajado en un grado la pena a Fernando C.M. por las atenuantes de enajenación mental y reparación del daño, la horquilla oscilaría entre un año y nueve meses (de mínima) y dos años, 7 meses y 15 días (de máxima). Aceptada la reducción de un grado "por unanimidad" entre las partes, "debe atenderse el hecho de que no concurre ni se alega circunstancia agravante".

Y a todo ello, recalca José Manuel Balerdi, hay que sumar "un elemento relevante: en el inicio del juicio los acusados reconocieron expresamente y en su integridad los hechos imputados, mostrando arrepentimiento" y su conformidad con la autoría de los ilícitos, lo que requiere "que las penas se impongan en su grado mínimo".

Entiende, pues, ajustada a derecho la pena solicitada por el Ministerio Público, a tenor de "las circunstancias personales de los afectados, la entidad del resultado lesivo, el reconocimiento expreso de los hechos y la conformidad".

En el capítulo de la responsabilidad civil, el Penal 1 rechaza la petición del abogado del subinspector Garrido, Juan R., quien pretendía que las secuelas de la víctima se valoraran como un perjuicio medio (de dos o tres puntos del baremo) y no leve (un punto) como apreció el médico forense. "Se trata de cicatrices residuales de escasa entidad y dimensión", apunta en consonancia con el informe del facultativo.

Agresión al jefe de la policía local de Punta Umbría / HUELVA INFORMACIÓN

En resumen, en la sentencia se da por probado que el 7 de agosto, sobre las 13:45 y en la zona de los apartamentos Calypso de Punta Umbría, dos agentes uniformados apreciaron cómo "varias personas se estaban dedicando a la venta ambulante sin la debida autorización". Cuando les requirieron que cesaran la actividad, los vendedores se opusieron y los policías "solicitaron refuerzos", acudiendo a la zona otros dos efectivos uniformados y tres de paisano.

En ese momento Mikel comenzó a forcejear con tres de ellos, al tiempo que se dirigía a los mismos con expresiones como "cabrones, perros, nos estáis robando". Acto seguido Fernando, que portaba una navaja "de 16 centímetros de hoja y mango de 20 de centímetros, se abalanzó" sobre el jefe de la Policía "y le propinó varios cortes y puñaladas" (en brazos, nuca y tórax). A consecuencia de su ímpetu, el acusado logró derribar al mando, "no cesando en su agresión mientras el policía estaba en el suelo".

Los demás agentes que intervinieron para auxiliarlo resultaron heridos por Fernando, quien intentaba zafarse de ellos. Mikel agarró a un policía del brazo "intentando que este cesara en su intento de reducir a su hermano. Manuel P.V. propinó varios empujones a otro de los funcionarios.

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