En este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer cobra especial relevancia el capítulo que la Fiscalía de Huelva dedica en su Memoria 2019 a la violencia machista, elaborado por la delegada especialista del Ministerio Público, Adela García Barreiro.

En él se destaca, en base a los datos de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno, que el año pasado se cerró en Huelva con 1.171 casos activos de violencia de género (3,2 cada día), "lo cual supone un incremento de un 3,3% respecto del año 2018", cuando fueron 1.134. Desde 2013, el acumulado asciende a 7.273 expedientes.

La Memoria se inicia recordando los tres asuntos más graves acontecidos en territorio onubense el ejercicio pasado. En primer lugar, el sucedido en Bollullos el 13 de marzo, cuando "en presencia del hijo menor de la pareja, de 7 años de edad, se produjo el intento de homicidio, tras clavarle, en dos ocasiones, un cuchillo en el cuello por el mero hecho de que hubiese decidido poner fin a su relación". La víctima no había presentado denuncia contra él, quien acabó suicidándose.

El segundo caso tuvo lugar el 11 de marzo en la pedanía puntaumbrieña de El Rincón. "C.G.G. intentó asesinar a su esposa disparándole con una escopeta y, al no conseguir su propósito –al haber logrado la víctima tocar el arma, cambiando su trayectoria– no cejó en su intención, agarrándola fuertemente del cuello, dejándola tendida, sin sentido, en uno de los sofás de la vivienda". Este individuo intentó suicidarse a la mañana siguiente, sin éxito. El motivo de la agresión, que ella se negó "a darle un beso". Tampoco existía denuncia alguna.

El tercero es el crimen de Costa Esuri, en el que Erasmo Lazcano asesinó el 8 de junio a su pareja, Lisbet Lastre, y después se suicidó. Por este motivo el asunto está archivado. La víctima no lo había denunciado nunca.

"Estos tres terribles casos nos demuestran lo complicado que resulta combatir contra esta grave lacra social", se refleja en la Memoria. De un lado, entiende la Fiscalía que "por muy duras que sean las penas que establezcan nuestras leyes, de poco o nada sirven cuando al agresor le da lo mismo matarse, siempre y cuando impida a su esposa o pareja rehacer su vida o salir de su ámbito de control y dominio". De otro, hay una enorme dificultad para detectar a perjudicadas "de cuya existencia ni siquiera tenemos conocimiento, ya que nunca denunciaron ni solicitaron ninguna medida de protección".

Mujeres extranjeras en situación irregular

El trabajo del Ministerio Fiscal en relación a las mujeres extranjeras en situación irregular que son víctimas de violencia de género es arduo. "En este último año seguimos trabajando duro en ello, insistiendo en algo tan simple como difícil de conseguir, de que por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los atestados que instruyen, se recoja su situación administrativa, o de que por parte de los compañeros se ponga en conocimiento de la delegada tales casos", apunta García Barreiro.

Para lograrlo, ella misma ejerce un "férreo control" sobre calificaciones y sentencias, adoptando las medidas pertinentes para la protección de sus derechos.

La discapacidad como freno a la denuncia

La Memoria 2019 añade la visibilización de aquellas mujeres perjudicadas "prácticamente olvidadas", caso de las que sufren una discapacidad necesitada de especial protección o de las víctimas en el ámbito rural.

Las primeras, remarca la delegada, son "especialmente vulnerables: tienen un mayor miedo a denunciar pues, en muchas ocasiones, de hacerlo, pierden a su cuidador y viven bajo la amenaza de que el agresor pueda quitarles la custodia de sus hijos, precisamente por su discapacidad".

A ello hay que sumar las barreras de accesibilidad de los órganos judiciales onubenses para las que tienen su movilidad reducida, o la "escasez de intérpretes adecuados para las sordas y/o sordomudas, así como la gran tardanza de los mismos en llegar a la sede judicial mientras ellas se encuentran perdidas, fuera de su ámbito, sin tener una clara conciencia de lo que esta ocurriendo".

El mundo rural

Las otras víctimas invisibles son las que residen en el ámbito rural de la provincia. Este, recalca la fiscal especialista en el documento, "suele ser reflejo de una sociedad tradicional en la que es muy frecuente la dependencia económica", lo que las convierte en singularmente vulnerables.

García Barreiro explica que en pueblos "pequeños y aislados es difícil que se tenga una percepción de la violencia de género, por lo que la reacción frente a ella es más difícil, su valoración de riesgo es mucho más compleja por la falta de formación específica de los profesionales que ejercen allí", desde el ámbito policial al sanitario. La mujer suele desconocer de qué recursos dispone y las comunicaciones pueden ser deficientes.

Pero lo más relevante para la delegada de Violencia sobre la Mujer es "que en los sitios más pequeños, donde todos se conocen, les da vergüenza a denunciar: no quieren que sus vecinos se enteren de lo que ocurre y no hacen uso de la orden de protección porque la consideran un auténtico estigma".

Así ocurrió en 2019, por ejemplo, en el caso de El Rincón antes mencionado. "Sometida a un continuo maltrato psíquico y físico durante 48 años, nunca denunció y, al recibírsele declaración, de un modo desgarrador nos narró que no quería que se enterase la gente y se lamentaba de que ahora todo hubiese transcendido llegando a asegurar que, si no fuese porque su marido se disparó, al día siguiente nadie se habría enterado de lo que había sucedido ni le hubiese denunciado".

"Preocupación" por los más jóvenes

La Fiscalía de Huelva mantiene "la preocupación por nuestra juventud" en términos de violencia machista. En la Memoria se refleja que en 2019 se tramitaron siete expedientes de menores agresores. En dos de ellos hubo que adoptar medidas cautelares.

Adela García Barreiro evidencia que existe una "confusión del amor con los celos o el control", y que las nuevas tecnologías "son utilizadas para vigilar, chantajear y vejar a las víctimas, lográndose ejercer contra ellas un tipo de violencia que, a veces, es mucho más perjudicial que la violencia física".

Para sensibilizar a todos los operadores que intervienen en esta materia sobre la necesidad de visibilizar a estas víctimas, se han mantenido encuentros de alto nivel o jornadas formativas, y los fiscales incrementaron su presencia en colegios, institutos y universidades "tanto para la concienciación del alumnado como de los docentes".