La Memoria de la Fiscalía de Huelva 2019 expone que "pese a la impotencia" que produce al Ministerio Público que las víctimas de violencia de género no denuncien o que, si lo hacen, acaben decidiéndose por no declarar contra su maltratador, "es indudable la gran importancia de las órdenes de protección".

La delegada de Violencia sobre la Mujer del Ministerio Fiscal onubense, Adela García Barreiro, manifiesta que estas suponen un "importante factor disuasorio de comisión de nuevos delitos del agresor", que sabe que si se la salta se enfrenta a un delito de quebrantamiento que "va a llevar aparejado una pena privativa de libertad de al menos un año, e incluso de más si van unidas a la comisión de más delitos".

Entre estas órdenes de protección, destaca la fiscal especialista que para controlar la orden de alejamiento puede recurrirse al dispositivo telemático de geolocalización. Sin embargo, señala que la imposición de estos aparatos "es de escasa aplicación en nuestra provincia", a pesar de que se colocaron 16 el pasado año, el 15,4% más que en 2018.

Esto se debe a los problemas que generan. En primer lugar, el radio de 500 metros protocolario "es demasiado amplio para muchos de nuestros pueblos e, incluso para la capital". En la provincia "hay muchas zonas con falta de cobertura, la duración de la batería del dispositivo es escasa y, a veces, sus portadores son indigentes o personas sin un domicilio fijo con claros problemas para la carga del dispositivo".

De otro lado, más grave aún, la Fiscalía observa que "ciertos portadores se están dando cuenta de que, si se apartan un poco del dispositivo, se va a producir esa alerta; y lo hacen conscientemente para atormentar a la víctima que, a consecuencia de estas acciones conscientes y de los otros inconvenientes mencionados, son objeto de innumerables alertas que la abocan a una situación de incertidumbre y desasosiego constante que la impulsa, a veces, a pedir su retirada" o renunciar a su instalación.