Traumático desalojo en El Torrejón

Para Camelia Vlaicu, este último martes y 13 de convirtió en una "auténtica pesadilla". Un grupo de agentes de la Policía -por orden judicial- la desahució del piso tutelado en el que ha vivido con su hija de 14 años desde el 2 de febrero de 2009, ubicado en la barriada de El Torrejón y cedido por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) a Cáritas para dar cobijo a los beneficiarios del programa de Atención a las familias en riesgo de exclusión que requieran este recurso. La mujer, de 34 años y nacionalidad rumana, abandonó el domicilio sin oponer resistencia, pero decidió trasladar sus escasas posesiones al portal del edificio "con permiso de mis vecinos, que me ayudan". Y también con el respaldo de Democracia Real Ya Huelva, movimiento al que la mujer está "muy agradecida por todo su apoyo".

La sentencia judicial de desahucio, a la que ha tenido acceso Huelva Información, deja claro que Camelia se había comprometido con Cáritas a "abandonar el inmueble el 30 de abril de 2009", hace ahora dos años y cinco meses. Durante ese tiempo, la mujer debía abonar a la organización diocesana 100 euros mensuales destinados "a los gastos derivados del uso y disfrute del piso, incluidos luz y agua", si bien la mitad de este montante se quedaría como fondo de ahorro que se devolvería -y así ha sido- "en el momento de la finalización o ruptura del contrato".

Cáritas Diocesana fue prorrogando las autorizaciones hasta el 23 de septiembre de 2010, momento en que Vlaicu ya no tenía "derecho a prórroga del contrato de cesión", pese a que ella mantuvo que tenía un contrato verbal que le permitía permanecer más tiempo en el domicilio. Camelia sólo abonó los 100 euros mensuales durante diez meses, pero se siente engañada: "Quiero que me devuelvan los 1.000 euros, no sólo 500, porque Cáritas no tenía derecho a cobrarme ningún alquiler, se lo prohíbe el contrato con EPSA".

La ONG explicó que "llevamos trabajando casi tres años con esta persona" y que lo que ha motivado la expulsión de Camelia de sus recursos asistenciales "pertenece en exclusiva al ámbito de la intervención social". Según pudo averiguar este rotativo, el plazo máximo de estancia en pisos tutelados es de entre seis meses y un año, algo que se había sobrepasado ampliamente en este caso.

Cáritas apuntó que "hemos tenido mucha paciencia" y que ha ofrecido a la mujer "todas las salidas y alternativas posibles, pero en ningún caso han sido aceptadas" por ella. Asimismo, agregó que este recurso "lleva varios años inutilizado por su culpa, imposibilitando que otras personas en su misma situación tengan acceso al mismo". Finalmente, apostilló que la desahuciada "tiene actualmente los recursos necesarios para acceder a una vivienda: no es necesario que permanezca en la calle".