La movilización que los sindicatos Acaip, UGT y CCOO llevaron a cabo el pasado 8 de mayo en la puerta de acceso al recinto penitenciario de La Ribera, consistente en el bloqueo de la carretera y que tenía como objetivo la reivindicación de mejoras salariales para el colectivo de funcionarios, impidió durante varias horas el acceso del resto de trabajadores al penal onubense. La mayoría de ellos aparcó su vehículo en el arcén del camino que lleva a la cárcel y esperó -no quedaba más remedio- a que la huelga temporal tocara a su fin.

Ahora, casi dos meses después de aquel paro que se repitió en otra veintena de penitenciarías de España, los funcionarios que no pudieron entrar al centro han sido sancionados. En un documento que les ha sido remitido por el director de la prisión, Alejandro Zulueta, y al que ha tenido acceso Huelva Información se les "pone en su conocimiento que, como consecuencia del incumplimiento injustificado del horario durante el día 8 de mayo del año 2018 (total 4 horas), se procederá a la detracción proporcional en sus retribuciones brutas de la cantidad de", y se detalla el montante en cada escrito personalizado.

La de Huelva es la única prisión de España en la que se ha multado a los trabajadores

En el mismo aviso se precisa que la resolución "podrá ser recurrida potestativamente ante esta Dirección mediante recurso de reposición en el plazo de un mes" o, en su defecto, "podrá ser impugnada directamente ante los Juzgados centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid", con un plazo de dos meses para hacerlo.

El descuento de parte del salario de aquella jornada ha caído como una bomba entre los trabajadores sancionados, un centenar según los cálculos del sindicato Acaip, que ha denunciado la situación y que remarca que Zulueta "un día antes de irse de vacaciones casualmente y de una forma torticera, toma la decisión de detraerles los haberes simplemente porque no han podido acceder con su vehículo al centro penitenciario". Es más, evidencia que estos empleados públicos "simplemente esperaron a la finalización de dicha concentración, autorizada por la Subdelegación del Gobierno, para acceder a su puesto de trabajo".

Entiende la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias que la iniciativa de sancionar a estos funcionarios es "cuanto menos injusta" y subraya que "ha causado gran estupor en la plantilla por considerarlo como un ataque a nuestra profesionalidad".

Por ello la fuerza sindical ha puesto el caso en manos de su departamento jurídico, que ya estudia el emprendimiento de acciones legales "contra el director del centro, que se ha convertido en el único director de este país que ha considerado que no es justificada esta circunstancia, y que a todas luces se convierte en una decisión arbitraria, habida cuenta de las imágenes" que se publicaron en la prensa aquel 8 de mayo.

Este diario contactó ayer con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, desde donde no se dio respuesta alguna sobre esta cuestión.

Acaip incide además en la "falta de transparencia y estabilidad en las decisiones del director", arguyendo que Zulueta "ha instaurado la política del ordeno y mando, tomando decisiones arbitrarias y perjudicando de forma manifiesta a los trabajadores". Critica el sindicato su gestión y su cerrazón a la hora de negociar las condiciones laborales, pero también remarca "las muestras de preocupación de los trabajadores a la hora de desarrollar su actividad laboral con seguridad".

La diputada nacional por el PSOE de Huelva Pepa González Bayo mantuvo un encuentro con representantes de Acaip y mostró su confianza en que el nuevo Gobierno "mejore su condiciones frente a la desidia de la que han sido objeto por parte del PP en estos años". El sindicato ha solicitado, además, una reunión con la nueva subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo.