El expresidente de la Federación Andaluza de Fútbol Eduardo Herrera ha declarado este lunes ante la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, que él no era "el encargado de negociar" los contratos que adjudicaba la entidad ni tenía conocimiento de los nexos que había entre ofertas empresariales recibidas para unas obras y su "amigo" Félix P.R., otrora delegado de la Federación Andaluza de Fútbol en Huelva, vicepresidente de la Federación y también acusado en este juicio.

Herrera ha reconocido que salvo por delegación expresa, él era el "único que podía firmar contratos" en nombre de la Federación Andaluza de Fútbol, pero ha alegado que él "no era el encargado de negociarlos", sino que lo eran el arquitecto de la entidad o la asesoría jurídica. Es más, ha asegurado que no entró "personalmente en contacto" con las empresas que pujaban por un proyecto de instalaciones de iluminación en el campo de fútbol onubense de La Orden.

Es más, ha asegurado no recordar que recibiese las ofertas de las empresas, alegando que era su secretaria quien controlaba el correo electrónico, y ha dicho que "no sabía" que hubiese alguna vinculación entre las ofertas y su "amigo" y delegado de la federación en Huelva Félix P.R., en quien "confiaba". "No soy tan curioso. A mí me pueden preguntar sobre vacunas, pero no sobre obras porque no soy técnico", ha dicho.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, recogido por Europa Press, después de que en 2009 la Federación Andaluza de Fútbol recibiese 78.895 euros de fondos estatales para un proyecto de instalaciones de iluminación en el campo de fútbol La Orden, ubicado en Huelva, Eduardo H.J., entonces presidente de la Federación, se habría concertado "con su amigo" Félix P.R., entonces delegado de la entidad en Huelva y vicepresidente de la Federación, para "beneficiarse" de los fondos recibidos.

Según la Fiscalía, la hora de tramitar el contrato negociado con publicidad de las obras, concurrió una empresa administrada por Félix P.R. y su hijo Javier P.G., también acusado en el juicio, toda vez que todos ellos "introdujeron en el expediente" otras dos ofertas de empresas sin actividad desde "años antes" y que "no respondían a la realidad".

Así, y según la Fiscalía, los encartados "consiguieron que el contrato se adjudicara a Invergabe", la empresa de Félix P.R. y su hijo Javier P.G., por 68.013 euros más IVA, facturando además con cargo a los fondos concedidos "6.500 euros de exceso" para la instalación de parabalones en el campo de La Orden. Los tres citados encartados, según la Fiscalía, habrían actuado de modo similar para que una empresa cuyo apoderado era Félix P.R. y administrada por su citado hijo resultase adjudicataria de otro contrato de obras para la construcción de un campo de fútbol playa en el mismo campo de La Orden, introduciendo en el proceso de contratación "presupuestos creados por ellos de forma ficticia" y atribuidos a dos empresas "inexistentes" y a una tercera que no había emitido presupuesto alguno.

Fruto de ello, la Federación Andaluza de Fútbol abonó 63.139 euros a esta otra empresa vinculada a Félix P.R. y su hijo Javier, toda vez que "en la factura se habrían incluido partidas por importe superior a lo realmente ejecutado, exceso que se estima en más de 20.000 euros, exceso del que se habrían apropiado los acusados", siempre según la Fiscalía.

Además, la Fiscalía detalla que en 2012, en un momento en el que Félix P.R. actuaba como presidente accidental de la Federación Andaluza de Fútbol, firmó un contrato con una empresa administrada por su esposa, Emilia G.M., y su hijo Javier, "para servicios de mantenimiento de todas las instalaciones deportivas de Huelva por 14.400 euros anuales, con una vigencia de cinco años y cláusula de indemnización en caso de rescisión, toda vez que el contrató estuvo en vigor sólo hasta 2013 y se desconoce si fue abonada "indemnización alguna", siendo pagadas facturas por unos 16.000 euros.

Dado el caso, la Fiscalía achaca un presunto delito de falsificación de documento mercantil en concurso con un delito de malversación a Eduardo H.J., Félix P.R. y su hijo Javier P.G., reclamando cinco años de cárcel para cada uno de ellos. También atribuía a los tres un supuesto delito de falsificación de documento mercantil en concurso con un delito de apropiación indebida, reclamando tres años más de cárcel para cada uno de ellos; detectando un tercer delito de presunta apropiación indebida que achacaba a Félix P.R., su esposa Emilia G.M. y su hijo Javier P.G., reclamado para ellos un año y medio de cárcel por este último extremo.

Alaya preside el tribunal

Una vez iniciado el juicio, con un tribunal presidido por la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, la defensa de Eduardo H.J., ejercida por el letrado Adolfo Cuéllar, ha solicitado declarar nulo el auto de apertura de juicio oral con relación a dicho acusado.

En concreto, respecto al primer presunto delito de falsificación de documento mercantil en concurso con un delito de malversación, la defensa del expresidente ha alegado que la jurisprudencia indica que los presupuestos supuestamente falsos esgrimidos por la Fiscalía respecto a los procedimientos negociados con publicidad con ofertas de al menos a tres empresas de la Federación "en absoluto pueden ser considerados como documentos mercantiles", sino como privados.

No es un ente "administrador de caudales públicos"

Igualmente, ha manifestado que no hay "norma jurídica" que estipule que un órgano "subvencionado" como la Federación Andaluza de Fútbol tenga que recurrir al procedimiento de los contratos negociados indagados en esta causa, sino que sólo deben aplicar los fondos "con transparencia y concurrencia". También ha expuesto que la Federación Andaluza de Fútbol no es un ente "administrador de caudales públicos" y que se limitó a "pagar" a las empresas contratistas, por lo que ha descartado los tipos delictivos señalados por la Fiscalía.

En cuanto al supuesto delito de falsificación de documento mercantil en concurso con un delito de apropiación indebida, el abogado defensor Herrera ha esgrimido que en todo caso, los hechos se limitarían a una posible apropiación indebida en solitario, con lo que ya "estarían prescritos". Dado el caso, el abogado Adolfo Cuéllar ha reclamado en esta fase de cuestiones previas la nulidad parcial del auto de apertura oral en lo relativo a su defendido, solicitando el sobreseimiento en cuanto al primer delito atribuido y la absolución respecto al segundo delito.

Ante ello, y tras un receso en la sesión, la magistrada Mercedes Alaya ha mantenido el primer presunto delito de falsificación de documento mercantil en concurso con un delito de malversación, bajo la premisa de que las normas determinan que las federaciones deportivas son entes "colaboradores de las administraciones públicas" y ejercen "el control y coordinación" de las ayudas públicas que reciben.

Como la falsificación en documento mercantil en concurso con un delito de malversación implicaría penas de hasta diez años de cárcel, la juez Alaya ha manifestado que los hechos no están prescritos, toda vez que sí ha declarado la prescripción respecto al supuesto delito de falsificación de documento mercantil en concurso con un delito de apropiación indebida y respecto al tercer caso de supuesto delito de presunta apropiación indebida. Y es que la "conexidad" señalada por la Fiscalía entre estos hechos es meramente "procesal", según la magistrada.

Como las penas previstas para estos dos casos no son superiores a los tres años de cárcel, la magistrada ha indicado que los hechos sí están prescritos, tras lo cual ha declarado la absolución de Emilia G.M., acusada sólo del tercer asunto, calificado por la Fiscalía como apropiación indebida en solitario.