La Ley del Menor establece los 14 años como frontera de la responsabilidad penal de los adolescentes. "Cuando el autor de los hechos mencionados (...) sea menor de catorce años, no se le exigirá responsabilidad con arreglo a la presente Ley, sino que se le aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas en el Código Civil y demás disposiciones vigentes", se refiere en el texto legal. Es decir, que un chico que cometa un delito y tenga 13 años, once meses y 29 días es "inimputable".

La Fiscalía de Menores de Huelva, que es la que instruye los asuntos, se vio obligada a archivar el pasado año 173 procedimientos por este motivo, como consta en la estadística anual publicada por la Fiscalía General del Estado y a la que ha accedido Huelva Información.

El escollo de la edad es una de las dificultades con las que se topan los fiscales a la hora de abordar los delitos cometidos por menores. En una entrevista concedida a este diario el pasado diciembre, el fiscal Alberto Campomanes -que desde la marcha de Pedro Díaz Torrejón ejerce como delegado de Menores en funciones- advertía de que la barrera de los 14 años, "sobre todo en delitos de violencia doméstica (contra sus padres y hermanos) o de acoso escolar, nos genera muchas dificultades porque hay asuntos que escapan del control de las familias y del centro, que se ve desbordado, y nosotros desde la vía penal no podemos actuar porque los agresores no han cumplido" la edad pertinente.

Desde su prisma, apuntaba entonces, para los asuntos de violencia doméstica o de acoso en el centro escolar la edad penal debería rebajarse "a los 12 años; con esa edad un chico sabe perfectamente lo que hace en casa y lo que hace en el colegio".

Sobre esta cuestión el que durante los últimos seis años ha sido el delegado de Menores en Huelva, Pedro Díaz Torrejón, manifestaba a este periódico en junio que "cuando informo al justiciable, no entiende por qué si un menor de 13 años viola a una chica o la mata, se archiva ese asunto", lo que entiende que habría abordarse desde la posición del legislador. En este sentido, remarcaba que "el ciudadano no lo entiende y la Justicia debe entenderse porque si no, probablemente no sea Justicia".

Para el especialista -que ha dejado Huelva y ya trabaja en la Fiscalía de Getafe-, "la frontera de los 14 años puede ser una buena frontera. A lo sumo nos podíamos plantear bajarla a los 13. No nos encontramos hechos graves más allá de esa edad. Como mucho abriría el debate de los 13 años. Pero no considero que la actual frontera sea ilógica".

La Ley del Menor -reguladora de la responsabilidad penal de los que todavía no son adultos- se aplica, por tanto, solo a los chicos que tienen entre 14 y 17 años. Ellos sí son imputables, aunque las consecuencias jurídicas de sus actos son más laxas y están orientadas a la reinserción social con más énfasis si cabe que cuando se trata de un mayor de edad.

En total, 120 menores fueron investigados y enjuiciados en 2017 en el Juzgado de Menores de Huelva que dirige la magistrada Adulfa Medina. De ellos, 12 consiguieron la absolución, mientras que otros 108 fueron condenados (el 90%). Prácticamente dos tercios de estos últimos, 68 en total, consiguieron una sentencia de conformidad. El 37% restante no asumió los hechos que se le atribuían.

La estadística del Ministerio Fiscal evidencia que estos menores cometieron 179 infracciones penales el pasado ejercicio, siendo el delito más repetido el de conducción sin permiso, del que se abrieron 31 expedientes, aunque no hubo incidencia de la conducción temeraria ni de la que se produce bajo el efecto del alcohol o de los estupefacientes.

Le sigue de cerca el delito de violencia doméstica, con 30 casos contabilizados de menores que agreden a sus padres, abuelos o hermanos, fundamentalmente. La Fiscalía de Menores onubense abordó además 29 delitos de lesiones, 21 de robo con violencia e intimidación, 15 de hurto, 14 de daños o nueve atentados y delitos de resistencia y desobediencia grave.

Los delitos que más alarma social generan también tienen presencia en la estadística: un homicidio (el de José Rachón en la finca Calero de El Campillo el 1 de septiembre de 2016), dos abusos sexuales, dos agresiones sexuales y cuatro expedientes de violencia de género. A ellos hay que sumarles otros dos procedimientos delictivos contra la salud pública, uno de robo con fuerza y 18 más que no se especifican. Como delitos leves constan en el informe 18 contra el patrimonio y 15 contra las personas, además de 28 sin clasificar.

Estas conductas han derivado en 117 medidas aplicadas a los menores infractores: 29 internamientos (dos en régimen cerrado, seis en semiabierto, siete en abierto y 14 terapéuticos), 30 libertades vigiladas, 33 prestaciones en beneficio de la comunidad, nueve convivencias familiares educativas o cinco amonestaciones, entre otros.

En el capítulo de los expedientes de reforma, consta que el Ministerio Fiscal ha incoado 271 a lo largo de 2017, 55 con soluciones extrajudiciales, 13 sobreseídos y 145 con escrito de alegaciones.