El Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva, en coordinación con el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos, tras denunciar públicamente la ausencia de una política de vivienda eficaz que pueda resolver los problemas de los andaluces para acceder a un hogar, presenta un decálogo de medidas para el acceso a la vivienda.

En primer lugar, propone la declaración de la Arquitectura como Bien de Interés General, al considerar que alberga aspectos fundamentales inherentes al ser humano como la vivienda, el espacio público, los espacios para la vida y la memoria. Igualmente, desde el ente declaran que el hogar y la seguridad, entre otros asuntos, son derechos esenciales equivalentes, por ejemplo, a la sanidad, la justicia o la educación. Por otro lado, exige la inclusión de medidas que impulsen la promoción real de 50.000 viviendas anuales de precio limitado para atender las necesidades de 300.000 familias y que se plasmen en el próximo Plan Andaluz de Vivienda y en los Planes Municipales de Vivienda.

Entre las medidas pide acudir al Parlamento andaluz para trasladar todas sus propuestas

En tercer lugar pide la aprobación de un decreto que agilice los trámites burocráticos para la disponibilidad de suelo destinado a vivienda de precio limitado, que flexibilice las categorías de vivienda protegida para adecuar los precios a los costes reales.

El impulso de un modelo de acceso a la financiación mediante la promoción de líneas ICO y la adecuación urgente de la política fiscal son otras de las medidas de este decálogo, así como recuperar la reducción de las tasas de licencia y otros costes e impuestos asociados a la vivienda de precio limitado, así como en rehabilitaciones de vivienda, en todos los ayuntamientos de Huelva.

El Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva pide también el compromiso de las administraciones estatal, autonómica y local de invertir en la promoción y rehabilitación de viviendas una suma equivalente a los impuestos y cotizaciones recaudadas por estos conceptos. Igualmente, pide aprobar un Plan Estratégico en materia de Rehabilitación Energética, contar con un certificado de habitabilidad básica de la vivienda en alquiler y, finalmente, solicitar una audiencia ante el Parlamento Andaluz para trasladar todas las propuestas.