La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) protagonizó ayer una concentración de protesta en el Palacio de Justicia onubense con el objetivo de informar sobre la situación en la que realmente se encuentra la administración de Justicia. Igualmente, denunció algunos de los problemas de este servicio público.

María Antonia González, responsable del sector de Justicia de la provincia de Huelva en CSIF, comentó que esta concentración, que se realiza dentro del calendario de movilizaciones iniciado por el sindicato el 28 de mayo en todas las provincias andaluzas, "se debe a la parálisis de la mesa sectorial de Justicia, dado que el Ejecutivo de Andalucía no accede a las peticiones". Es por ello por lo que desde el sindicato piden que la Junta de Andalucía "no ignore a los funcionarios de Justicia". Además, CSIF acusó al Ejecutivo autonómico del estado de abandono en el que se encuentra el sector, que agrava aún más los problemas que tiene este servicio público desde hace años: "Creemos que la ejecutiva de Sevilla, del Gobierno andaluz, se ha olvidado, nos ha puesto a la cola de todas las administraciones públicas. Consideramos que somos un servicio esencial, igual que sanidad y educación, y que al final lo sufrimos los compañeros", según González.

La sobrecarga de trabajo es uno de los problemas detectados en todos los juzgados

En este sentido, desde CSIF se criticaron las "lamentables" condiciones laborales de los empleados públicos de Justicia, así como la falta de medios, inversiones y personal, a pesar de tener "unos ratios de litigiosidad y pendencia de asuntos que es algo insufrible" y que están por encima de la media nacional. De esta forma, desde el sindicato se exigen "unas condiciones laborales dignas y un servicio público de calidad para los ciudadanos".

La responsable del sector de Justicia de CSIF en la provincia onubense manifestó que la sobrecarga de trabajo es evidente en todos los juzgados de Huelva. Así, por ejemplo, la central sindical indicó que éste es uno de los principales problemas que en la capital tienen que soportar los empleados públicos, con las mismas plantillas que hace 25 años. Y, además, informaron de que la pendencia de juicios por despidos se sitúa entre año y medio y dos años, mientras que las reclamaciones de cantidades superan este periodo. El caso de los juzgados penales es similar y en los civiles, según CSIF, asumieron nuevas competencias, como las del papel cero, que al no contar con medios modernos, ralentiza el trabajo.

Además, González declaró que "el Consejo General del Poder Judicial cada vez que hace la memoria incide en la necesidad de que en Huelva se creen como mínimo dos juzgados: uno de familia; en Ayamonte como mínimo uno; en La Palma, otro, y en Moguer también". Así mismo, puso algún ejemplo de la situación en la que se encuentran en la actualidad, como el caso de los juzgados de lo Social, con una media de 1.500 demandas por juzgado cada año.

Con respecto a la situación de Huelva a nivel de otras provincias andaluzas, por otro lado, González afirmó que ésta es singular: "En Huelva tenemos la particularidad de la cantidad de población inmigrante que tenemos en muchos partidos judiciales" como en Ayamonte, Moguer y La Palma, "donde se incrementa el trabajo cuatro o cinco veces más que la ratio", por lo que "los juzgados no son capaces de resolver toda la litigiosidad teniendo en cuenta que son órganos judiciales localizados en municipios donde la población ha crecido notablemente", según matizaron desde CSIF.

Así las cosas, "ante la pasividad de la Junta y ante el descontento de los empleados públicos de la administración de Justicia", la central sindical pide una negociación colectiva real en la mesa sectorial de Justicia, donde se puedan abordar cada uno de los problemas que padecen. Igualmente, exigen un plan de inversiones, planes de actuación, la contratación de personal, que se nombren interinos al mes de efectuarse una baja, que las sustituciones sean revisadas, y que, en definitiva, mejoren las condiciones laborales y retributivas de todos los funcionarios de Justicia.