Los fondos europeos Next Generation son una de las posibilidades de financiación que baraja el Ayuntamiento de Huelva para las obras de restauración del edificio de la antigua cárcel. Así lo ha manifestado a Huelva Información el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, que ha señalado que para costear la intervención de esta emblemática edificación, que el pasado mes de junio pasó a ser de titularidad municipal, “hay diferentes posibilidades y una de las posibilidades es acogernos a los fondos Next Generation a la hora de apostar por la recuperación del patrimonio de las ciudades, por lo tanto, estamos trabajando en esa línea”.

Cruz ha comentado que el Consistorio está valorando “el coste que supone en principio la rehabilitación del edificio, más allá de la intervención que tenga que tener con carácter necesario para el uso al que se le pueda destinar”.

Respecto al uso sociocultural que se le va a dar, el alcalde ha apuntado que “hay diferentes posibilidades”. No obstante, “más allá de eso, en primer lugar habrá que hacer una intervención de recuperación y rehabilitación, porque sí es cierto que, y a la vista queda, hay daños que es necesario reparar. En eso estamos, en el estudio de esos daños, en la valoración de las obras y ver cómo financiamos la intervención en la antigua prisión”.

Con una superficie de 3.624 metros cuadrados, la edificación fue diseñada en 1930 por el arquitecto Pérez Carasa. El inmueble, que está incluido en el Catálogo de Edificios y Elementos de Interés con un grado de protección integral monumental, fue declarado en 2013 Lugar de Memoria Histórica por la Junta de Andalucía, en recuerdo de los presos políticos y los represaliados por su orientación sexual.

El pasado mes de junio, el alcalde de Huelva firmó ante notario las escrituras por las que el Ayuntamiento pasa a ser titular del conjunto edificatorio de la vieja prisión provincial, ubicado en el número 5 de la avenida Federico Molina, de esta manera se culminaba con la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios la permuta de la construcción., después de que la administración local terminara de pagar la cuantía fijada para la cesión del edificio.

Según se recogía en el acuerdo, firmado en el año 2006, siendo alcalde Pedro Rodríguez, el Consistorio se haría con la propiedad de la vieja cárcel a cambio de 2,2 millones de euros y la cesión de una parcela para la construcción del Centro de Inserción Social.

El Ayuntamiento cedió entonces un solar, de 3.624 metros cuadrados de superficie, en Vista Alegre, donde se construyó el Centro de Inserción Social, pero no abonó los 2,2 millones de euros recogidos en el acuerdo. De hecho, casi una década después el Consistorio fue condenado a pagar esa cuantía a la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) por incumplir el convenio.

La administración local debía abonar a la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios la cantidad de 2.233.150,31 euros, a la que se unieron 660.000 euros de intereses y costas.

En el Pleno municipal de octubre de 2020, el Ayuntamiento aprobó el abono de 1,2 millones de euros para terminar de pagar la cantidad contemplada en el convenio así como los intereses impuestos en la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial el 9 de mayo de 2016.

En diciembre de 2019 ya se aprobó en el Pleno municipal un primer pago por valor de 1.584.842 euros y con el paso dado en el Pleno de octubre de 2020 se completó el pago para la cesión del inmueble.