La Asociación de Usuarios de la Administración de Justicia (Ausaj), que representa a las diez mujeres que denunciaron en abril haber estado sometidas a una situación de esclavitud sexual y laboral en varias fincas de Almonte -asuntos que se investigan en los juzgados 1 y 3 de La Palma del Condado-, ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil de Albacete contra el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), varios colaboradores y una entidad bancaria para que se investigue la situación que han vivido las jornaleras después de haber huido de la provincia onubense.

La denuncia, a la que ha tenido acceso Huelva Información, tiene como eje vertebrador la "cosificación" de las presuntas víctimas que, según el relato de los abogados que las representan, se han visto obligadas a realizar un tortuoso periplo que las llevó primero a Cuevas de San Marcos (Málaga) y luego a Totana (Murcia), aunque de ambas localidades tuvieron que marcharse.

Las trabajadoras han huido de Huelva, Málaga y Murcia y se han instalado en Albacete

En primera instancia, en la denuncia se deja clara la situación del grupo de temporeras: "No saben hablar español, no tienen recursos, no han cobrado nada de la empresa de los 3.600 euros de salario que deberían haber cobrado cada una y se encuentran atrapadas en España, pues tampoco pueden regresar a su país", Marruecos, sin acreditar que "sus sufrimientos son ciertos y que ellas no han sido ni deseado ser prostitutas".

Tras realizar una amplia crítica a la Fiscalía, los juzgados, la Guardia Civil, la Policía Nacional o el Defensor del Pueblo, de los que Ausaj dice que "han obviado sus propias obligaciones", señala la presunta utilización que el SAT ha venido haciendo de las jornaleras para ganar mayor presencia en los medios de comunicación.

Pese a la tensión entre los letrados y los sindicalistas desde el origen, según la versión que los representantes legales de las temporeras exponen ahora a la Guardia Civil, el SAT se comprometió a "alojar y mantener" a las mujeres hasta que se resuelva la situación.

Así, se hizo cargo de ellas un sindicalista malagueño (denunciado ahora) que las trasladó a Cuevas de San Marcos. Las instaló, contrato de arrendamiento mediante, en el piso de una mujer que también es objeto de la denuncia de Ausaj. Con posterioridad, este hombre buscó otro inmueble en el que se alojaron cuatro de las víctimas, que "ni siquiera disponían de llaves, estando dependientes de quien sí tenía llaves, una persona puesta allí por el denunciado (...) que actuaba ejerciendo un férreo control de la vida entera" de ellas.

El sindicalista malagueño, en opinión de los juristas, "ha violado gravemente los derechos, intereses y garantías de las denunciantes de diversas formas y de forma continuada, pretendiendo que hicieran cosas que no estaban en su voluntad o impedirles otras que sí lo estaban, violando gravemente la esfera de libertad personal de las mismas e, incluso, llegándose a apropiar de su dinero".

Ausaj detalla a la Benemérita que el denunciado llevó a la prensa a las viviendas de las temporeras o que intentó sufragar los gastos generados que debía asumir el SAT "con el esfuerzo de las propias trabajadoras". Narra cómo una de ellas tuvo que ir a trabajar varios días a casa de la arrendadora del piso denunciada y que otra estuvo nueve días "obligada a trabajar" en el huerto del sindicalista. A ello añade que de un acto en benéfico organizado por el SAT de Cádiz en favor de la causa, "el dinero no ha llegado a las jornaleras".

A todo agrega que "se les ha restringido la comida, sometiéndolas a pasar hambre", y que la asistencia psicológica y médica que precisaban "ha sido defectuosa". En la denuncia se prosigue diciendo que se ha intentado dividir al grupo de mujeres "fomentando la disputa", en lo que define como "un intento más de someter a control la vida de las denunciantes".

Las mujeres decidieron marcharse de Cuevas de San Marcos por dos motivos: uno que no ha sido denunciado por la víctima (y que, por tanto, omitiremos) y por la presunta "apropiación indebida" del dinero depositado en la cuenta a su favor en una campaña solidaria, motivo por el que también se ha denunciado a una entidad bancaria del pueblo malagueño. Ausaj precisa que el sindicalista "se puso de autorizado en la cuenta" y cambió "la clave de acceso", para posteriormente "disponer indebidamente en tres operaciones de un total de 1.380 euros" que se iban a destinar a los hijos de las víctimas.

En paralelo, ellas denuncian que la arrendadora de uno de los pisos cambió la cerradura de este y revolvió sus cosas. Por mediación de otra mujer, las jornaleras se trasladaron a Totana. Un conocido de esta también ha sido denunciado por "calumniar a los abogados" y "presionar y coaccionar" a las temporeras, que finalmente huyeron de allí a Albacete hace una semana y que se encuentran actualmente bajo la tutela de Ausaj.