"Sólo queremos que nos escuchen, después de dos años intentándolo nadie nos da una respuesta, se nos agota el tiempo y se pone en peligro la continuidad laboral de más de un centenar de familias de Huelva". Lo dice el director general de Antonio España e Hijos SL, Alberto España, máximo responsable de una empresa familiar onubense con más de 60 años de historia y que actualmente mantiene 80 empleos directos en su planta de gestión y tratamiento de residuos.

La compañía entró en diciembre de 2014 en concurso de acreedores (en mayo presentó el preconcurso) ante la incapacidad de hacer frente a la deuda acumulada durante los dos años anteriores por la puesta en marcha de su segunda unidad de negocio, la planta de tratamiento de plásticos agrícolas, una iniciativa por la que apostó para solucionar de forma integral el problema medioambiental que históricamente vienen provocando los residuos generados por los plásticos agrícolas y para el que hasta ese momento nadie había planteado ninguna medida.

Lleva casi dos años intentado fijar una cita con el Ministerio pero no obtiene respuesta

La puesta en marcha del proyecto de la planta de tratamiento de plásticos agrícolas supuso una inversión de casi 6 millones de euros. Un proyecto de escasa rentabilidad debido al alto grado de contaminación, principalmente tierra silícea, que presentaban los residuos plásticos y que conllevó a que el coste de producción fuese superior al precio de venta del material procesado. Ante la falta de rendimiento, la propiedad decidió presentar el concurso, con una deuda de 8 millones de euros, y hoy, después de casi cuatro años, Antonio España e Hijos se ha reajustado, ha optimizado sus recursos para llegar a una facturación anual de 7 millones, mantener 80 empleos directos y "asumir puntualmente" sus compromisos de pago. A pesar de ello, el empresario lleva más de año y medio intentando reunirse con el Ministerio de Industria, uno de sus acreedores, porque necesita negociar las condiciones del pago de la deuda que se le han impuesto. "Queremos pagar, no buscamos que nadie asuma la deuda, pero necesitamos que nos escuchen", explica España con impotencia porque se ha reunido con "todos los partidos" y "con todos los políticos" que pensaban que podían hablar por ellos en Madrid, pero no ha habido respuesta. Sólo una negativa, después de que la subdelegada, Asunción Grávalos, enviase un escrito a Industria. Lo han intentado con la ministra Fátima Báñez; con el presidente del PP, Manuel Andrés González; el diputado por el PP en Madrid, Carmelo Romero; el alcalde, Gabriel Cruz, o la portavoz del PP en la capital, Pilar Miranda, y "nadie nos ha respondido, cuando lo único que pedimos es una cita con alguien del Ministerio para mostrarles nuestra situación y llegar a una solución positiva para todos. Nadie, absolutamente nadie -insiste- ha apostado por el empleo de una empresa de Huelva y después de casi dos años se nos agota el plazo".

Y es que hace menos de un mes, la administración concursal propuso que la empresa entrase en fase de convenio, es decir, que se sobreentiende la viabilidad del negocio y se descarta la opción de liquidación y cierre. Entonces, el Juzgado de lo Mercantil de Huelva fijó el 1 de marzo como fecha para la celebración de junta de acreedores. Antonio España e Hijos quiere evitar ir al juzgado y busca las adhesiones de sus acreedores al convenio. Para ello, ofrecen el 50% de quita y un plazo de diez años para el resto de deuda. Hasta ahora, prácticamente a contrarreloj porque sólo se les ha dado un mes para ello, han logrado que los acreedores comerciales asuman las condiciones, pero están pendientes de la respuesta de dos de los siete bancos que figuran como acreedores pues el resto ya han dado su visto bueno a la propuesta y apuestan por la continuidad de la empresa con el consiguiente mantenimiento de sus puestos de trabajo (a las entidades financieras les corresponde más de la mitad de los ocho millones de deuda), y del Ministerio de Industria, "determinantes para evitar liquidar y cerrar la empresa". Para llegar a un acuerdo y levantar el concurso, la empresa necesita que el 65% del pasivo ordinario entre en el convenio. Industria tiene el 12%, con una deuda de 750.000 euros, pero su negativa podría echar por tierra las posibilidades del acuerdo porque gran parte de los ocho millones pendientes se distribuyen en pequeños acreedores que representan menos del 2% de ese débito.

La dificultad que existe con Industria es que pasó la gestión del cobro a la Agencia Tributaria porque el Ministerio no recauda. Y aquí llega el problema porque la deuda con Industria es de un crédito cuya obligación de pago vencía en 2015, una vez que la empresa ya estaba en concurso. El préstamo inicialmente dejaba un plazo de 15 años para el pago y al entrar en la gestión de Hacienda se le aplican criterios inamovibles que fijan ese pago en dos años. El empresario ha intentado negociar en la unidad de cobro de Hacienda (con sede en Sevilla), pero siempre le han remitido a Madrid, "porque es en Industria donde deben negociarse las condiciones y desde allí solicitar a la Agencia Tributaria que las acepten". Pero en Madrid nadie los recibe y ante una petición formal para mantener una reunión "no habido ni siquiera una respuesta".

Ante esta situación, Alberto España lanza un mensaje a las administraciones y a los representantes políticos de Huelva con el único objetivo de que "intermedien para garantizar el futuro de una empresa que siempre ha trabajado por Huelva". Sus perspectivas de futuro apuntan a un incremento en la facturación porque hasta ahora han sido capaces de mantener los números sin poder contar con las administraciones y grandes empresas que suponían más de la mitad de su facturación anual, pero la situación de concurso impide a las empresas públicas contratar sus servicios, mientras que las grandes compañías "no están imposibilitadas, pero tienen un protocolo interno que les lleva a evitar cualquier negocio con una empresa que haya presentado un concurso de acreedores".

La empresa, que trata mensualmente 2.000 toneladas de residuos en la capital, confía en que la situación se resuelva y llegue esa cita, con la que busca "evitar el cierre de un negocio que da empleo directo a más de 80 familias" en nuestra capital