El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó ayer ser "muy consciente" del valor de que España siente un "buen precedente" en la colaboración que a partir del 1 de enero ha de producirse entre la presidencia rotatoria y las nuevas figuras institucionales, esto es, el presidente permanente del Consejo Europeo y la Alta Representante de Política Exterior.

En su intervención ante el Pleno del Congreso para informar del último Consejo Europeo y presentar los objetivos de la Presidencia española de la UE, que asumirá a partir del 1 de enero, subrayó que España ofrecerá el "máximo apoyo" a estas figuras, como ya ha podido trasladar personalmente al nombrado presidente permanente de la UE, Herman van Rompuy, con quien establecerá una "colaboración efectiva y bien coordinada".

El Tratado de Lisboa implica algunos cambios en el funcionamiento de las instituciones comunitarias, entre ellos la presidencia de las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno, que ejercerá Van Rompuy y no Rodríguez Zapatero. Dado que Lisboa entró en vigor el pasado 1 de diciembre corresponderá a España aplicar las modificaciones en el semestre en que estará al frente de los trabajos.

Zapatero precisó que España, como presidencia del Consejo de la UE, dirigirá los trabajos de las diversas formaciones de este órgano (las reuniones de ministros) y colaborará con Van Rompuy "en la fijación del orden del día y en la formulación de las conclusiones de los Consejos Europeos".

La aplicación de los cambios que introduce el Tratado de Lisboa, la recuperación económica de Europa mediante una mayor coordinación de los estados miembros, el refuerzo de la presencia internacional de la Unión y el desarrollo de derechos y libertades de los ciudadanos, serán los cuatro grandes ejes de la Presidencia española de la UE, resumió el presidente.

Para avanzar en la coordinación de la política económica de la Unión, Europa contará con un documento que deberá aprobarse bajo el semestre español, el nuevo plan para un crecimiento sostenible hasta 2020 que sustituirá a la conocida como Estrategia de Lisboa y en el que se reservará un papel a los interlocutores sociales.

Será en el mes de febrero, en un Consejo Europeo convocado de forma extraordinaria para abordar la situación económica, cuando los países miembros tendrán la oportunidad de debatir sobre la coordinación de las políticas económicas.