El pleno del Congreso someterá el jueves a debate las dos enmiendas a la totalidad, la del PP y Ciudadanos (C's), que, lejos de estar en contra de acabar con la prisión permanente revisable como impulsa el PNV, quieren que se amplíen los supuestos de aplicación y se endurezca el Código Penal.

Con los votos de la mayoría de diputados salió adelante en octubre la toma en consideración de la proposición de ley de los nacionalistas vascos que reclaman derogar esta polémica figura que supone el mayor castigo penal para delitos especialmente graves y que fue incluida en la última reforma del Código Penal hace dos años y medio.

El PNV defiende que es de "dudosa constitucionalidad", que no es idónea ni proporcional, que no fue demandada por nadie y que su aplicación "erosiona" los principios de reinserción de los encarcelados.

Ahora, cinco meses después de que la propuesta del PNV obtuviera el aval del arco parlamentario -solo el PP y el diputado de UPN dejaron claro su apoyo a la prisión permanente-, y con la presión de la campaña de la plataforma de familiares de víctimas de asesinatos, liderados por el padre de Diana Quer o el de Mariluz Cortés, el Congreso retoma el debate de las dos enmiendas a la totalidad.

Y lo hará después de que esta misma semana los padres de estas menores y de otros niños asesinados se hayan reunido en la Cámara Baja con los partidos con un mensaje claro: que no se enzarcen en una "batalla campal para captar votos" a costa de esta medida que apoya una mayoría y que han respaldado con su firma en apenas dos meses más de 2,5 millones de personas.

El pleno del Congreso debatirá asimismo mañana la toma en consideración de una proposición de ley de ERC en la que propone que los delitos de injurias a la Corona y ultraje a España desaparezcan del Código Penal.

La Cámara Baja recibirá además mañana la segunda reforma para eliminar el aforamiento político de los diputados autonómicos. Después de Murcia, es Cantabria la que lleva al Congreso una propuesta para suprimir este "privilegio".

El PP también defenderá en el Pleno del Congreso la última reforma de la justicia universal que acometió el Gobierno en la etapa de Alberto Ruiz Gallardón y, en lugar de la derogación que planteó ERC y que apoyó buena parte de la oposición, los populares presentan un texto alternativo manteniéndola y "mejorándola".