El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha condenado "con toda firmeza" los ataques que el pasado martes expresaron contra varios jueces algunos diputados en el Congreso, a quienes reconoce su "inviolabilidad", si bien les pide evitar "descalificaciones" y respetar la independencia judicial. 

El órgano de gobierno de los jueces ha aprobado en un pleno extraordinario celebrado este lunes una declaración institucional por unanimidad, en la que señala que "debería asegurarse en el curso de las intervenciones parlamentarias el respeto a la independencia del Poder Judicial, evitando descalificaciones que puedan minar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial". 

Y añade que aunque las manifestaciones de los diputados "se encuentren especialmente protegidas por la inviolabilidad parlamentaria no le resta gravedad a su actuación". 

Los vocales entienden que "el respeto institucional debe presidir las relaciones entre todos los Poderes del Estado", para lo cual se remiten al Consejo Consultivo de Jueces Europeos que sostiene que "ante una injerencia inadecuada, los poderes del Estado deben cooperar con lealtad para restablecer el equilibrio y, con ello, la confianza de la sociedad en el buen funcionamiento de las instituciones públicas". 

Así, hacen suya la posición del organismo europeo que defiende que "las valoraciones y las críticas de un poder del Estado hacia los demás poderes deben formularse en un clima de respeto mutuo" y que "existe una clara diferencia entre la libertad de expresión y la crítica legítima, por una parte, y la falta de respeto y presiones inadecuadas hacia el poder judicial, por otra parte". 

Por todo ello, reiteran que "la independencia judicial es una pieza clave del Estado de Derecho" y "su defensa es imprescindible en el marco de los valores sobre los que se asienta la Unión Europea y su salvaguarda corresponde a todos los poderes del Estado". 

El pleno se ha celebrado a petición de los nueve vocales conservadores, que censuraron los ataques de algunos diputados a jueces y magistrados "ante la aquiescencia y mutismo" de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, si bien la declaración final no recoge ninguna alusión directa a la Armengol. 

Durante el debate del pleno del Congreso sobre la ley de amnistía, varios socios parlamentarios del Gobierno acusaron de prevaricar a algunos jueces como Manuel García-Castellón, que investiga el caso Tsunami, o Joaquín Aguirre, encargado del caso Volhov en Barcelona. 

Tal fue el nivel de los ataques a los jueces, que su presidente Vicente Guilarte se vio obligado a reiterar una vez más su "baldío pero insistente llamamiento institucional" a que los políticos "dejen en paz" a los jueces y no cuestionen su imparcialidad, "cuyo proceder se guía por el principio de legalidad". 

No es la primera vez que Guilarte censura las críticas a los jueces por parte de los socios parlamentarios del Gobierno, lo que no deja de tensionar cada día más la relación del Ejecutivo con el Poder Judicial debido a la amnistía y las acusaciones de lawfare, normalizadas en el lenguaje parlamentario de Junts, que ahora se extienden a otros partidos e, incluso, a miembros del Gobierno. 

Un ejemplo fue la declaración institucional que el Consejo aprobó el pasado 19 de enero, en la que ya mostró su "rotundo rechazo" a las críticas de la vicepresidencia tercera del Gobierno, Teresa Ribera, al juez García-Castellón en una entrevista.