El Gobierno dio luz verde este martes al proyecto de ley de crisis climática con el que se pretende alcanzar la neutralidad de emisiones en 2050 e impulsar el coche eléctrico y las energías renovables, en un contexto enmarcado en la reactivación de la economía tras la crisis sanitaria.

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, una de las prioridades del Ejecutivo desde el inicio de la legislatura, consta de 36 artículos y con su aprobación este martes por el Consejo de Ministros, inicia su andadura parlamentaria, después de un proceso de participación pública que comenzó en febrero de 2019.

Este proyecto otorga, por fin, un marco institucional “a la acción que nos pide la Ciencia y la gente, y llega en un momento en el que es más necesario que nunca”, afirmó la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico Teresa Ribera, para quien el texto busca “consolidar empleo e innovación”.

Los objetivos de esta ley, que pretende ser inclusiva, se implementarán a través de sucesivos Planes Nacionales de Energía y Clima; el primero de ellos (2021-2030) permitirá reducir las emisiones en un 23% respecto a 1990 al finalizar la presente década, duplicando el porcentaje de renovables en el consumo final, hasta un 42 %.

El texto se ajusta a los compromisos internacionales de lucha contra el cambio climático, como el Acuerdo de París, y destaca el propósito de España de alcanzar la neutralidad climática “no más tarde de 2050”.

Para ello en 2030 las emisiones en el conjunto de la economía nacional deberán reducirse al menos un 20% respecto a 1990, un objetivo en la línea fijada por la Comisión Europea y que supone para España retirar una de cada tres toneladas que se emiten en la actualidad.

Asimismo sobresalen los planes para potenciar la movilidad eléctrica para alcanzar “un parque de turismos sin emisiones directas de CO2” y por fomentar el uso de las bicicletas, además de dar protagonismo al peatón.

Para el Gobierno, uno de los objetivos climáticos es que los coches de uso particular reduzcan poco a poco las emisiones, y que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, que se vendan en España, tengan emisiones de cero gramos de CO2 por kilómetro no más tarde de 2040.

Para ese fin se instalarán progresivamente puntos de recarga en las estaciones de servicio con mayor volumen de venta, en la actualidad el 10% de la red.

La norma también establece que los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares introducirán, en la ordenación urbana, medidas para reducir las emisiones incluyendo la implantación de zonas de bajas emisiones nunca más allá de 2023. A este respeto cabe señalar, que “la regresión de las zonas de bajas emisiones ya existentes deberá contar con el informe previo del Ministerio para la Transición Ecológica y del órgano autonómico competente en protección medioambiental.”

Otros pilares para la descarbonización son la rehabilitación de edificios, clave en la eficiencia energética, y la progresiva penetración de energías renovables en el mix energético español.

Las energías verdes ganan peso en el conjunto de la economía, y así para 2030, al menos, un 70% del sistema eléctrico deberá generarse con renovables y al finalizar la próxima década, como mínimo, el 35% del consumo final de la energía también deberá ser verde .

Según las estimaciones del Gobierno, la transición ecológica atraerá más de 200.000 millones de euros de inversión en los próximos diez años y generará entre 250.000 y 350.000 empleos netos anuales, mientras que las inversiones, el ahorro de energía y la mayor presencia de renovables permitan aumentara el PIB alrededor del 1,8% en 2030, respecto de un escenario sin medidas.

Además, se pondrá fin al fracking, y tampoco se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración, investigación o explotación de hidrocarburos.