La juez Mercedes Alaya vuelve a la palestra en el arranque del juicio por el escándalo de las facturas falsas de la UGT-A, que se ha iniciado este lunes en la Audiencia de Sevilla y que sienta en el banquillo de los acusados a la ex cúpula de la organización sindical en Andalucía. La defensa del que fuera tesorero del sindicato y uno de los principales acusados, Federico Fresneda, ha denunciado al inicio de la vista la instrucción "inquisitorial" que a su juicio se llevó a cabo por la entonces titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla Mercedes Alaya y que se inició con la información "sustraída ilícitamente" por el denunciante del caso, el ex trabajador de UGT-A Roberto Macías, que denunció presuntas prácticas corruptas que dieron lugar al caso de las facturas falsas en esta organización sindical y que fue condenado a un año de prisión por un delito de  revelación de secretos.

El abogado de Federico Fresneda, Luis López de Castro, ha planteado como cuestión previa al inicio del juicio la vulneración de diversos derechos fundamentales, por la supuesta instrucción inquisitorial y la información revelada por el ex trabajador del sindicato, y ha solicitado la "nulidad de todas las actuaciones" en aplicación de la teoría de la fruta del árbol envenado, que establece que si la investigación se inicia a partir de unas pruebas ilícitas todo lo que se haga posteriormente está contaminado por esas infracciones de derechos fundamentales.

El letrado ha dicho que la filtración en la prensa de los documentos obtenidos por el ex trabajador y las denuncias del sindicato Manos Limpias tenían como finalidad crear un "escándalo público" que fue favorecido por la instrucción llevada a cabo por la juez Mercedes Alaya -quien inicialmente investigó el caso hasta que finalmente se declaró la competencia de otro juzgado de Sevilla, el de Instrucción número 9-. El letrado del ex tesorero del sindicato ha dicho que el "celo por su trabajo" de la juez Alaya hizo que considerara que los hechos que se investigaban tenían relación con la otra investigación por malversación de caudales públicos que llevaba a cabo esta magistrada, en alusión a la macrocausa de los cursos de formación, y solicitó que se acumularan a esa investigación.

La defensa también ha alegado la vulneración del derecho de defensa por el desarrollo de un "proceso inquisitorial", por cuanto considera que el juzgado de Alaya desde que tuvo conocimiento de las innumerables denuncias "emprende una investigación ilimitada y sometiendo a investigación todas las actividades de la UGT-A y de Federico Fresneda", incluidas sus conversaciones con su propio abogado. 

En este sentido, ha añadido que la causa se convirtió en un "saco sin fondo" que estuvo mucho tiempo bajo secreto de sumario y en el fiscal era un "mero espectador", al tiempo que ha considerado que los registros no estaban justificados y se realizaron "sin motivo y con exageración, y sin oír al Ministerio Fiscal", todo ello, ha proseguido, bajo la justificación de una "inexistente alarma social".

Sobre el ex trabajador de la UGT-A, la defensa de Fresneda ha insistido en su condena por revelación de secretos y ha afirmado que "no denunció los hechos ni a la Policía ni a la Fiscalía ni en el juzgado, sino que prefirió ilícita e ilegalmente entregar a los medios de comunicación la documentación en un acto de pura venganza y odio, en connivencia con el sindicato Manos Limpias, que luego se ha demostrado que no tenía las manos tan limpias", ha subrayado.

La defensa ha concluido que la "filtración de documentos" han servido para acusar en la presente causa a Fresneda y a los otros acusados, y ha insistido en que las pruebas obtenidas con vulneración de derechos constitucionales ha de ser excluida del procedimiento.

Además, ha denunciado la infracción del secreto de las comunicaciones, por los "pinchazos" telefónicos de los acusados para los que entiende que no había "motivación real y suficiente", y ha criticado que a partir de esas escuchas la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizó interpretaciones "inverosímiles y erróneas" e incluyó conversaciones que no tenían interés e incluso "sonrojan", refiriéndose en este caso a una conversación entre el ex secretario general del sindicato con la entonces dirigente de la organización, Carmen Castilla, en la que se refería a la entonces presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

Detenciones "desproporcionadas y abusivas"

Otros abogados se han adherido a la petición de nulidad de las actuaciones por el inicio de la investigación a partir de la filtración de los documentos del ex trabajador condenado, y otros letrados, como es el caso de Víctor Moreno Catena -que representa a la que era secretaria de Gestión Económica de la UGT-A María Charpín Osuna- han denunciado la vulneración de derechos fundamentales en relación con las detenciones de los investigados.

Moreno Catena ha afirmado que el arresto de María Charpín fue "desproporcionado y abusivo", haciendo uso de la figura de la detención como medio de "presión y amenaza", cuestión en la que han coincidido otras defensas.