Critican que el sindicato pida en su recurso que no se aplique la atenuante de dilaciones indebidas para que el trabajador vaya a prisión e insiste en reclamar una indemnización de 60.000 euros.

Rechazan que no se aplique la directiva europea sobre los denunciantes de corrupción y consideran que se trata de una "nueva represalia".

Advierte a la organización sindical de que procederá al embargo de los bienes en caso de no prestar dicha fianza. La Fiscalía Anticorrupción reclama hasta siete años de cárcel para la antigua cúpula del sindicato.

El fiscal mantiene su petición de tres años de cárcel y la defensa pide aplicar la directiva europea que le exculpa. . El cónsul de Mexico en Sevilla apoyó a Macías en el juicio.

Considera al sindicato UGT-A responsable civil subsidiario por la totalidad de las cuantías presuntamente defraudadas: 40.750.047,74 euros y también lo hace responsable solidario de las multas de los ex cargos de la organización.

El instructor dirige la causa contra el ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla y otras 14 personas por delitos de fraude de subvenciones y falsedad. Archiva las actuaciones contra otros ocho investigados, entre ellos el ex secretario general Manuel Pastrana por sus problemas de salud.

No denunció a la Policía, solo pretende “eximirse de un delito”. . La defensa pide que sea “de aplicación directa” la norma europea sobre alertadores de corrupción y la Ley de Transparencia andaluza. .

Afirma que no puede retirar la acusación porque también la ejerce el fiscal.

Falta la testigo clave que afirma que UGT no tenía protocolo de seguridad informática. . Carmen Castilla, secretaria general de UGT-A, está citada como testigo.

El Ministerio Público considera que debido a la enfermedad que padece “no puede prestar declaración con garantías”.