Después de seis años de espera ayer comenzó en la Audiencia de Sevilla el que es, sin duda alguna, uno de los principales juicios de la macrocausa de los ERE, junto al proceso que acabó con la condena de los ex presidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves, y de otros tantos ex altos cargos procesados por la concesión de las ayudas públicas durante una década. En el banquillo de los acusados se sentaba Juan Francisco Trujillo, el que fuera chófer del ex director de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero, ya fallecido.

El ex conductor, junto al propio Guerrero y al conseguidor de los ERE Juan Lanzas forman la que puede considerarse como la triada de la corrupción de los gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía, los principales imputados que se han ido repitiendo en muchas de las piezas de la macrocausa en la que se investigó el destino de 680 millones. Cabría añadir en este elenco de investigados al que fuera director de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén, condenado a seis años de cárcel por gastar más de 32.000 euros con las tarjetas de esta entidad en burdeles. 

Los gastos en cocaína y prostíbulos forman parte de la etapa más negra de los anteriores gobiernos autonómicos del PSOE, un auténtico lastre que contribuyó al cambio en la Junta y a la llegada del popular Juanma Moreno a la presidencia.

La declaración de Trujillo ante el tribunal se convirtió ayer en un auténtico show, un espectáculo que comenzó cuando el ex conductor intentó suspender de nuevo la vista oral tras renunciar a su abogado defensor, algo que ya había hecho en una ocasión anterior, pero el tribunal, presidido por la magistrada Pilar Llorente -que también formó parte de la Sala que condenó a Chaves y Griñán-, rechazó la petición y el juicio arrancó, por fin.

En su testimonio, el ex chófer reiteró todas sus comparecencias judiciales, en las que había reconocido que parte de los 1,4 millones que recibió en ayudas de Javier Guerrero los destinó a la compra de regalos y cocaína. Antes había confesado que gastaba hasta 25.000 euros al mes en cocaína, sustancia que consumían él y su jefe "a cualquier hora".

Trujillo podía haber cambiado radicalmente su declaración en el juicio, incluso podía haber intentado acudir a una extendida estrategia en los procesos penales de culpar al que no está, al acusado que ha fallecido y que, por tanto, no puede defenderse ni contradecir el relato del coimputado. Reconoció sin ambages su culpabilidad.

Otra cosa es lo que esta confesión pueda acarrearle de cara a la sentencia, teniendo en cuenta que la Fiscalía le reclama una condena de 14 años de prisión. Algo parecido le sucedió en el año 2012, cuando declaró ante la juez Mercedes Alaya, en cuyo despacho entró imputado por 11 delitos y salió del interrogatorio, con el doble: 22 delitos. Alaya lo mandó entonces a prisión provisional, en un auto en el que la entonces instructora no se resistió a destacar que Trujillo, "de manera casi inconsciente y sin calibrar el alcance de sus respuestas, ha admitido la comisión de otro numeroso grupo de delitos, que podían aumentar", ya que él mismo "reconoció que no podía asegurar si había cobrado más facturas falsas por la intermediación de Guerrero". El hombre -o el acusado en este caso- es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras, como sentenció Aristóteles.