Desde que comenzó la instrucción de la macrocausa de los ERE en el año 2011 han fallecido ya 15 de las personas investigadas, varias de ellas relacionadas con la Sierra Norte de Sevilla.

Considera que el magistrado Juan Antonio Calle Peña, que redactó los 1.821 folios de la sentencia de la "pieza política" de los ERE, está "contaminado al haber formado ya juicio o criterio" y está comprometida su "necesaria imparcialidad".

Uno de los últimos en hacerlo ha sido el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, que ha alegado hasta 22 motivos para revocar la sentencia. La defensa de Fernández argumenta, entre otros aspectos, que la condena se sustenta en una "motivación arbitraria, ilógica e irracional".

La defensa de la ex consejera alega hasta seis motivos para que se revoque su condena de nueve años de inhabilitación por prevaricación.

La defensa del ex consejero de Innovación considera que el tribunal ha incurrido en un "error en la apreciación de la prueba" en relación con los informes definitivos de la Intervención de la Junta.

La defensa del ex presidente de la Junta alega hasta siete grandes motivos para anular la condena a nueve años de inhabilitación.

Sotero Martín recuerda que la juez María Núñez Bolaños archivó inicialmente la causa “por los mismos hechos”. Considera que hay bases para demostrar su inocencia en el juicio.

Se trata de las ayudas a Calderinox, Novomag y a un grupo de empresas vinculadas al corcho. En estas causas hay 17 investigados, a los que la Fiscalía Anticorrupción reclama hasta siete años de cárcel.

El ex director de Trabajo y Seguridad Social y principal imputado alega hasta cuatro grandes motivos para recurrir la condena en la "pieza política" del caso.

Denuncia la "falta de claridad en el relato de hechos probados" y la "manifiesta contradicción".