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Los juicios eternos de las macrocausas

  • La Audiencia de Sevilla acaba de fijar para septiembre de 2021 el segundo juicio de Invercaria y de los ERE también se enjuicia actualmente la segunda vista oral

Los juicios eternos de las macrocausas Los juicios eternos de las macrocausas

Los juicios eternos de las macrocausas

Recientemente el abogado Luis Ocaña informaba en las redes sociales de un señalamiento de un juicio que un juzgado de lo Social de Sevilla había fijado para las “10:25 horas del día 20 de enero de 2025”. El letrado se hacía la siguiente pregunta:“¿Esto es razonable en un Estado social y democrático de Derecho del autodenominado mundo occidental?”. Y añadía el siguiente comentario:“Y supongo que tendré que agradecerle al ministro que no sea más tarde por su habilitación del mes de agosto”, en alusión a la habilitación parcial de este mes tradicionalmente inhábil con motivo de la pandemia del coronarivus.

Evidentemente, estos plazos de señalamiento de los juicios en materia laboral son escandalosos. Más de cuatro años para resolver el litigio, pero se trata de un problema que no sólo afecta a la jurisdicción Social, que tradicionalmente ha sido una de las más colapsadas, sino también a otros órdenes, como ocurre con la jurisdicción penal, que está viendo como la proliferación de las macrocausas y el lastre que ha supuesto la paralización de la Justicia durante el estado de alarma por la pandemia del coronavirus están llevando a esta jurisdicción a unos tiempos de respuesta para nada razonables, sino todo lo contrario.

La Audiencia de Sevilla es un buen ejemplo de esta situación. Esta misma semana se ha fijado la celebración del segundo juicio de la macrocausa de Invercaria, y ha vuelto a saltar la sorpresa. El arranque del juicio se ha fijado por la Sección Cuarta para el 13 de septiembre de 2021, es decir, para dentro de casi un año, teniendo en cuenta además de que la instrucción finalizó en septiembre de 2019, cuando el juez instructor elevó a la Audiencia las actuaciones para su enjuiciamiento.De esta forma, la vista oral arrancará más de dos años después.

Una cosa parecida ocurrió con el segundo juicio de los ERE, en el que se investigan las ayudas concedidas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco), que se está desarrollando en la actualidad, pero que comenzó un año después de que se dictara la condena en la “pieza política” de la macrocausa, en la que fueron condenados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán junto a otros 17 ex altos cargos de la Administración andaluza.

A este ritmo el horizonte de las macrocausas puede tardar décadas en despejarse

Con estos ejemplos, todo indica que el enjuiciamiento de las macrocausas se va a eternizar, sobre todo si se tiene en cuenta que hay todavía más de 100 piezas en investigación en el caso de los ERE, mientras que en Invercaria deben celebrarse más de una veintena de juicios. A este ritmo de celebración de juicios, el horizonte final de las macrocausas en la Audiencia de Sevilla puede tardar décadas en esclarecerse. Y eso sin tener en cuenta que, lógicamente, las sentencias que se dicten serán recurridas ante el Tribunal Supremo, lo que demorará aun más la firmeza de las mismas.

El retraso en la celebración de los juicios provocará que se tengan que aplicar circunstancias atenuantes por las dilaciones indebidas del procedimiento, con la consiguiente rebaja de la pena para los acusados que en su caso puedan ser condenados. Pero también, y ya está ocurriendo desde hace años, algunos de los acusados puede que ni siquiera lleguen a ser juzgados porque fallezcan mientras están a la espera de juicio o a que se resuelvan los recursos. Y a ello hay que unir que la instrucción de los ERE se inició hace más nueve años y aún no está cerrada por completo.

En el caso de los ERE, donde hay más de 500 investigados en total en las distintas piezas, han fallecido ya unas 17 personas, entre las últimas se encuentra precisamente el que fuera principal imputado, el ex director general de Trabajo Javier Guerrero.

Los propios magistrados de la Audiencia son conscientes de la situación de colapso a la que se enfrentan. En el caso del segundo juicio de Invercaria, los magistrados de la Sección Cuarta dictaron en mayo pasado un auto en el que resolvían sobre la petición de pruebas realizadas por las acusaciones y defensas para el acto del juicio y en el que lamentaban que, una vez resueltas estas peticiones, no podían fijar el inicio del juicio por la pandemia que afecta a todo el país y la “negativa incidencia en los no pocos señalamientos ya suspendidos de este tribunal”.

El parón de la pandemia y que no sean causas preferentes incide en la demora de estos juicios

En ese auto, indicaban los jueces que el señalamiento no podría efectuarse hasta que se alzara el estado de alarma y se lograra reordenar los “señalamientos preferentes”, las causas con presos, dado que en el caso Invercaria, al igual que en los ERE, no se mantiene ninguna prisión provisional –en Invercaria nunca las ha habido– desde que comenzó la instrucción. En ese auto, cuya ponencia correspondía al magistrado Carlos Lledó, presidente de la Sección Cuarta, el tribunal sí anticipó el cronograma del juicio, que tendrá en principio 11 sesiones (ahora se sabe que tendrá lugar entre el 13 de septiembre y el 6 de octubre de 2021).

La Sala aventuraba ya los “indudable efectos negativos” de la emergencia sanitaria del Covid-19 en una “ya maltrecha administración de Justicia, de manera que es más que posible que ni siquiera los titánicos esfuerzos de todos los operadores jurídicos logren el objetivo de dar una respuesta en tiempo razonable a las pretensiones de la sociedad y de los ciudadanos”.

Decía Carlos Lledó que la situación se agrava en procesos como el Invercaria, en los que no concurre ninguna circunstancia que le otorguen un carácter preferente, por lo que hacía un llamamiento a la colaboración de todas las partes, “que en nuestra vetusta ley procesal siguen teniendo a su alcance no pocos expedientes y vías para dilatar sine díe la celebración del juicio, en detrimento, lógicamente, de los acusados, pero también de toda la sociedad, que demanda una respuesta que, en el sentido que fuere, permita restablecer la paz social frente a eventuales o posibles ilícitos que generan no poco desasosiego”.

Pero no sólo es cuestión de confiar en la buena voluntad de los operadores jurídicos, porque la Justicia siempre ha sido la gran olvidada de la Administración y la Justicia requiere de mayores inversiones y de más dotaciones materiales y de personal.

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