Un cambio radical en las notificaciones judiciales en Andalucía. La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía ha dictado una orden la que "prohíbe el uso del burofax" como medio de comunicación de las citaciones no urgentes, notificaciones o emplazamientos, una medida con la que el departamento que dirige José Antonio Nieto quiere ahorrar el gasto al año de entre 332.000 euros y medio millón de euros (sin IVA) que este tipo de notificaciones supone para los presupuestos de la Administración autonómica.

Así se ha comunicado a los juzgados andaluces por la secretaria general de Servicios Judiciales, Rosalía Espinosa, y el secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Pedro Campoy, en un documento que recoge una serie de "medidas y recomendaciones para avanzar hacia una Justicia más accesible, ágil, cercana y sostenible".

El documento incluye la "prohibición" del uso del burofax para este tipo de comunicaciones, si bien precisa que en el caso de que sea necesario su utilización "se pedirá autorización a la delegación territorial correspondiente". Así, la instrucción señala que se fomentará el uso del "correo electrónico, teléfono o SMS para la comunicación bidireccional entre el órgano judicial y la ciudadanía", utilizando para ello cuentas corporativas del juzgado.

La necesidad de avanzar en "cercanía, sostenibilidad, digitalización y en la cultura de las comunicaciones y notificaciones judiciales, siempre dentro del marco de las leyes de procedimiento, ha sido uno de los objetivos fijados en la Comisión Mixta de los Letrados de la Administración de Justicia y la Comunidad Autónoma de Andalucía, celebrada el 6 de febrero de 2023", explica el documento, que añade que la medida se ha adoptado por la Junta y el TSJA "atendiendo a los principios de simplicidad, claridad, y proximidad a los ciudadanos, de economía, suficiencia y adecuación de los medios a los fines". 

La decisión obedece al elevado coste de este tipo de servicios -unos 12 euros por cada notificación- si bien desde algunos juzgados ya se están poniendo de manifiesto los contratiempos que esta prohibición puede generar a la hora de acreditar que se ha realizado dicha notificación, puesto que si se utilizan otros medios -como por ejemplo el correo certificado con acuse de recibo- el órgano judicial podría tardar hasta varias semanas en recibir dicho acuse y, por tanto, en conocer si la persona que ha sido citada está realmente notificada o no, lo que puede provocar que finalmente no se pueda actuar en caso de que no acuda al juzgado la persona citada.

El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, enmarcó ayer esas dudas en la tradicional "resistencia al cambio", como cuando se quitaron las máquinas de escribir y se sustituyeron por los ordenadores, dijo, y precisó que en el año 2023 "pensar que el burofax es imprescindible dice muy poco de quien lo plantea", porque las comunicaciones telemáticas son "más ágiles y eficientes" y en todo momento se garantiza la seguridad de los procedimientos y la tutela judicial efectiva, además de que las cartas certificadas con acuse de recibo no se pueden incorporar al expediente digital.

José Antonio Nieto: “Pensar que el burofax es imprescindible en el año 2023 dice muy poco de quien lo plantea”

En declaraciones a este periódico, el titular andaluz de Justicia recordó que sólo en comunicaciones postales Andalucía gasta cada año 10,5 millones de euros, una cifra "desorbitada" y que se podría utilizar para la creación de las necesarias infraestructuras judiciales. 

El consejero puso como ejemplo que el 92% de los contratos de muchos servicios que ofrecen las empresas privadas se realizan por teléfono y nadie los cuestiona, señalando que son los propios jueces los que han validado ese tipo de contrataciones mediante estos métodos, por lo que se preguntó "por qué no se va a reconocer ese sistema para las comunicaciones" de los órganos judiciales. Nieto añadió que, por ejemplo, en Navarra los gatos postales de los juzgados son "residuales" y las comunicaciones se hacen mediante una instrucción similar a la que ha publicado la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía. 

Hasta medio millón de euros en burofaxes

A nivel andaluz, el envío de burofaxes supone un gasto promedio mensual de más de 27.736 euros, unos 332.832 euros al año, aunque hay ocasiones en que se ha llegado al medio millón euros. 

El problema es que hay determinados juzgados que gastan más de 1.500 euros mensuales de media en el envío de burofaxes, mientras que hay otros que no destinan ya ni un sólo euro. Así, hay dos juzgados de Instrucción de Sevilla que gastan un promedio de 1.209,73 y 1.352,67 euros, respectivamente, y otros dos juzgados de lo Penal destinan una media mensual de 1.564,89 y 1.160,28 euros.

En Málaga, hay algún juzgado de Instrucción que gasta más de 565 euros de media al mes en el envío de burofaxes, aunque hay otros juzgados de Primera Instancia cuyo gasto es de cero euros.