Con el informe final del Fiscal delegado de Anticorrupción Fernando Soto, arranca la recta final de juicio de Formades, por el que se investiga la falta de justificación de 1.320.850 euros correspondientes a las subvenciones públicas recibidas. Una gestión que ha sido calificada por el ministerio público como "caótica, deficiente y desordenada" y una gerente que actuaba "de manera incompetente y sin planificación".

El ministerio público sostiene que el consorcio funcionaba sin ningún tipo de previsión, sino que iba solicitando las subvenciones "a medida que surgían los gastos". Soto ha señalado también durante su informe la existencia de una serie de gastos en actividades "que no tenían que ver con el objeto del consorcio como el Concurso de Doma Vaquera o una merienda a los hijos y familares de los presos de la cárcel de Córdoba o la cabalgata de Reyes Magos". A esto se suman los gastos en regalos o comidas a sindicatos o empresarios."Todos ellos al margen de la finalidad del Consorcio", afirma.

Todo ello lleva a la conclusión de que existió "defectos de control y supervisión importantes". Asimismo, faltan las valoraciones técnicas en los procedimientos de concesión de subvención. "En la gerencia del consorcio han existido incumplimientos formales como la no justificación de las cuentas de gastos o la adjudicación de contratos para realizar determinados trabajos sin la presentación de presupuestos", explica el fiscal. Una gestión "desorganizada y llena de incumplimientos que da lugar a la malversación", añade.

Los caballos del consorcio

Durante su declaración, la perito judicial informó que existe una partida dedicada a la compra de cuatro o cinco caballos en 2008 aunque hay documentos de compra de piensos y cuidados veterinarios para 120 caballos,"lo que quiere decir que salvo cinco animales, el resto era de terceras personas y estaban mantenidos por el consorcio". Según el jefe de estudios, los propios acusados tenían allí sus caballos. Según el fiscal, esto no es más que un ejemplo de gastos supérfluos al margen de la actividad que se realizaba.

Respecto a los cursos, según la Fiscalía, no existe ninguna prueba de que se dieran completos. "Creeemos que solo se impartieron parcialmente los destinados a desempleados puesto que está justificados rudimentariamente con los partes de firmas de las clases, pero no existe ninguna memoria de curso", afirma.

Doble facturación

El fiscal informó que existía un exceso de facturación por parte de los trabajadores acusados. Y como muestra, explicó que el hijo de la gerente de Formades, Manuel Ramírez Orihuela, arregló el aire acondicionado cuando "no se dedica a esto ni presentó presupuesto alguno".  De este modo, Ana María Orihuela, no sólo pagó facturas a sus hijos y sobrinos, también acusados, por trabajos "que aparecen duplicados porque hay también facturas de otras empresas que realizan la misma labor" sino que además éstos "multiplicaban su precio sin saber qué valor añadido daban a su servicio".

Algo similar indica con la persona que realizaba los servicios veterinarios, Juan Francisco Millán, "que no tenía ni autorizaciones ni licencias para comprar los medicamentos y venderlos al consorcio".

Anticorrupción reclama una condena de seis años de cárcel para Ana María Orihuela, a la que atribuye delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos, mientras que a los otros tres procesados les pide una condena de dos años y seis meses de prisión a cada uno. En concepto de indemnizaciones, solicita que Ana María Orihuela indemnice a la Junta de Andalucía con 1.320.850 euros y los otros acusados con las cantidades que percibieron por su relación con el consorcio.