Andalucía

Editorial: La Universidad está por encima

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EL gasto de al menos 380.000 euros realizado por el anterior equipo de gobierno de la Universidad de Cádiz y abonado mediante las tarjetas visa concedidas al rector, los vicerrectores y otros altos cargos de la institución debe ser investigado. Los detalles de estos pagos, en el periodo 2007-2011, publicados por este periódico, revelan que la mayor parte de estos gastos -que ascendieron globalmente al menos a 380.000 euros en la etapa considerada- no pueden ser correctamente justificados ni responden a actividades institucionales. Queda claro que muchos se han derivado de actos particulares o vinculados al tiempo de ocio de los directivos de la UCA en las fechas analizadas. El pago con fondos públicos de compras en supermercados, alojamientos en hoteles y comidas ajenas al trabajo del rector o los vicerrectores no tienen encaje en el funcionamiento lógico y adecuado de una universidad plenamente inmersa en los recortes y restricciones financieras que las autoridades han tenido que imponer en todas las universidades andaluzas. Por eso es exigible una investigación urgente y rigurosa de estas presuntas irregularidades, que ya ha sido exigida por el Consejo Social de la UCA y por la Junta de Andalucía, que parece llamada a impulsar decididamente la aclaración de este caso con visos de escándalo. Al actual equipo de gobierno de la Universidad de Cadiz, que ha mejorado notablemente la gestión y que acabó con esas prácticas, hay que reprocharle que actuara con sentido endogámico y no denunciara los abusos cometidos. La Universidad de Cádiz, como institución, no debe ver comprometido por estos hechos su prestigio, presencia y capacidad de servicio a la provincia. No es la Universidad la que está en entredicho, sino un aspecto concreto de la gestión de uno de sus equipos directivos. Precisamente el valor de la propia institución y la salvaguardia de su dignidad y buen nombre son un acicate más para que las irregularidades detectadas sean aclaradas y para que si algunas personas, con nombres y apellidos, han hecho una utilización indebida e injustificable del dinero público, sufran el repudio social e institucional al que su conducta las haya hecho merecedoras. Ello también exigiría que la investigación se produzca con celeridad y se tramite con rigor. La sociedad está enormemente sensibilizada por los episodios de corrupción política y deterioro de las instituciones, y tentada de volcarse en condenas genéricas e indiscriminadas y en atribución de responsabilidades que sólo una indagación serena y estricta debe establecer. La Universidad de Cádiz está por encima de esta tormenta inesperada.

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