Los diputados de Adelante en el Parlamento de Andalucía promueven una proposición no de ley (PNL) en la Cámara autonómica, en demanda de una "solución de consenso" para las tierras de Los Humosos, localizadas en Écija, pertenecientes a la Junta y explotadas por ocho cooperativas de Marinaleda; que asegure la propiedad pública de estos suelos de cultivo, "la gestión cooperativa y la planificación comunal".

Como se informaba el pasado jueves, durante la sesión plenaria celebrada ese día por el Parlamento, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, reconocía que la Junta de Andalucía "no tiene la intención de desalojar" a las cooperativas de Marinaleda que vienen explotando estas cerca de 1.200 hectáreas de terreno de laboreo de titularidad autonómica, sobre todo porque tal extremo "sería un desastre" para la economía de dicho municipio y de su comarca.

Eso sí, preguntaba a la consejera de Agricultura y Desarrollo Rural, la popular Carmen Crespo, "qué soluciones está manejando" el Gobierno andaluz para que dichas cooperativas puedan seguir explotando estos terrenos, toda vez que la Junta de Andalucía esgrime la Ley de 2011 relativa a la Reordenación del Sector Público de Andalucía, que regula el acceso a la propiedad con relación a los adjudicatarios de explotaciones adscritas al antiguo Instituto Andaluz de Reforma Agraria, a cuenta de su extinción.

Dicha ley estipula, entre otros aspectos, que "las personas concesionarias que así lo deseen podrán obtener el título de propiedad en cualquier momento desde el reconocimiento del derecho, mediante la liquidación anticipada del precio", es decir que marca la compra de tales suelos; así como que "el valor de enajenación se determinará por el sistema de capitalización del rendimiento atribuido a las mismas".

DESDE LOS AÑOS 90

Ante ello, la consejera de Agricultura y Desarrollo Rural exponía que este asunto se remonta "a los años 90" del pasado siglo, cuando la Junta de Andalucía, entonces gobernada por el PSOE, adquirió los suelos de Los Humosos al Duque del Infantado, merced a las reivindicaciones y ocupaciones protagonizadas por el movimiento jornalero de la Sierra Sur en demanda de contar con tales terrenos para el cultivo propio.

Pesando la mencionada ley autonómica que regula la compra de tales terrenos autonómicos por parte de los adjudicatarios de su explotación, la consejera manifestaba que se trata de un asunto "complicado desde el punto de vista administrativo", toda vez que el Ayuntamiento de Marinaleda, gobernado por Sergio Gómez, de IU, sucesor en la Alcaldía del histórico líder jornalero Juan Manuel Sánchez Gordillo, estaría dispuesto a la adquisición de los terrenos a un precio que le resultase asequible, para permitir la actividad de las cooperativas.

En ese marco, Crespo defendía el "diálogo permanente" de la Junta con el Ayuntamiento, los cooperativistas y los "demás agentes implicados", al objeto de conseguir "una solución factible y viable".

Ante ello, el portavoz de Adelante Andalucía le reclamaba que "garantice que la tierra no va a dejar de ser pública y en ningún caso se va a privatizar a entidades con ánimo de lucro"; a lo que Crespo contestaba que garantiza "diálogo permanente con el alcalde y los cooperativistas", exponiendo que la "clave" del asunto es "el entendimiento" con el área de Patrimonio de la Junta de Andalucía, lanzando la "pista" de que tal departamento tiene unas obligaciones legales a las que atenerse.

LITIGIO EN EL TSJA

Al respecto, la citada PNL detalla sobre el conflicto que en junio de 2021, la Junta de Andalucía emitió una orden de desalojo respecto a las citadas cooperativas de Marinaleda, que recurrieron tal extremo por la vía Contencioso Administrativa, fruto de lo cual el pasado mes de febrero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía habría resuelto en contra, lo que "abre la puerta a una posible venta de las tierras a fondos de inversión por parte de la Junta de Andalucía".

La PNL expone ante ello que el Ayuntamiento de Marinaleda está dispuesto "a la compra de las tierras para seguir garantizando la propiedad pública imprescindible para mantener el modelo de cooperativas", si bien para ello "la Junta de Andalucía debe garantizar un precio justo y accesible".

Por eso, la iniciativa parlamentaria de Adelante reclama "una solución de consenso para garantizar la propiedad pública" de estos suelos de cultivo, "la gestión cooperativa y la planificación comunal".