Los diputados provinciales del PP Antonio Granados y José Antonio Robles han sido absueltos de los delitos de calumnias e injurias de los que le acusó la ex eurodiputada socialista Francisca Pleguezuelos. Granados y Robles fueron acusados por unas declaraciones en 2008 en las que se preguntaban si era "ético, moral y honesto" que Pleguezuelos y su hermana compraran viviendas en una zona cercana a la Bola de Oro a la que llamaron "la Rusia chica, por los cargos del PSOE que viven allí". Eran casas construidas por la Empresa Municipal de la Vivienda de Granada (Emuvyssa) en tiempos en los que los socialistas gobernaban en la capital. Francisca Pleguezuelos era por entonces diputada nacional.

La sentencia destaca que para la existencia del delito de calumnia "no basta con achacar genéricamente a otra persona hechos constitutivos de infracción penal, sino que es necesario que esa imputación se haga de modo específico y en todo caso individualizando de forma evidente las características genéricas del tipo delictivo que se atribuye al presuntamente calumniado; no son suficientes meras atribuciones inconcretas, vagas o ambiguas".

Sobre el delito de injurias, también la descarta porque no utilizaron "palabras, expresiones o actos por sí mismos lacerantes, desvalorizadores o afrentosos, con un especial ánimo tendente a escarnecer o vituperar a otro". El juez destaca que "nos encontramos con manifestaciones vertidas en el marco de la actuación política de los acusados y en su labor de oposición".

El sumario sobre el desfalco de 7,8 millones de euros de la caja municipal isleña se abrió el martes y ayer finalmente a última hora de la tarde las partes interesadas tuvieron acceso, a pesar de la tardanza en hacerse con las copias del voluminoso expediente que ha generado la investigación. La expectación continúa creciendo conforme pasan los días, a la vez que van saliendo a la luz nuevos detalles que explican de una forma general su contenido, aunque éstos no entran en demasiados matices.

De esta manera, ha trascendido que el documento no ofrece una respuesta sobre el paradero de los 7,8 millones de euros, no desvela con exactitud dónde está el dinero, aunque sí señala directametne al funcionario isleño Clemente Ruiz García como responsable de su desaparición y detalla los procedimientos seguidos por el único detenido en la causa.

La otra imputada en el caso, en libertad con cargos, María José Lebrero de Celis, tiene mucho menos peso en el documento y mucho menos protagonismo en lo que a responsabilidad se refiere, según la investigación, de tal manera que su situación actual podría cambiar en no demasiado tiempo, según han confirmado fuentes relacionadas con el caso. Por otro lado, también se ha desvelado que en el propio documento existen anotaciones críticas con la falta de operatividad de los órganos de control de la Delegación de Hacienda, aunque no se entra en explicar las razones de estas irregularidades en el ejercicio de la profesión.