No sería lógico lo que puede ocurrir respecto a la actividad de los profesionales relacionados con la abogacía, la medicina, la ingeniería y la arquitectura. El Ministerio de Economía y Competitividad está tramitando una nueva Ley de Servicios Profesionales que regulará el procedimiento de trabajo que prestan estos profesionales a la sociedad, sus competencias y la modificación de las normativas de sus colegios. Así, nuestros políticos, conseguirán también reducir el potencial que tienen las organizaciones colegiales por la defensa de las legislaciones que les afectan, por su estructura y funcionamiento y por el poder de convocatoria que disponen ante situaciones profesionales que les perjudican.

Uno de los aspectos más importantes que se pretende modificar en las profesiones técnicas, es la llamada Reserva de actividad de los arquitectos, para redactar y dirigir obras de edificación residencial y dotacional, que está vigente desde la Ley de Ordenación de la Edificación del año 1999. Con el nuevo texto, se suprime esta reserva exclusiva, permitiendo proyectar y dirigir estos edificios también a los ingenieros de cualquier especialidad.

Considero evidente que no se pueden promulgar leyes que concedan competencias para desarrollar "servicios profesionales" a nuevos titulados, sin modificar previamente los estudios universitarios que permitan obtener los conocimientos adecuados para ejecutar esa actividad. La competencia para proyectar y dirigir edificaciones no estriba en la capacidad del técnico por su conocimiento y experiencia en construcciones más elementales, sino en su titulación, resultante de años de estudio, que le concede atribuciones para realizarla.

Con este anteproyecto de ley, los ingenieros españoles obtienen un camino para desarrollar unos "servicios profesionales" de proyectos y obras que nunca habían imaginado y se les concede un mercado de trabajo que no les corresponde por su formación. Pero lo más grave de este inoportuno documento es la agresión que se podría producir a nuestra arquitectura de todos los tiempos, que ha conseguido un prestigio y reconocimiento social singular. Nuestros arquitectos han sido siempre valorados en cualquier país por su acierto compositivo y por la amplitud de sus conocimientos, siendo sus obras un referente internacional de diseño.

Se puede pronosticar que, con el anunciado cambio del marco regulador, se producirá una pérdida del patrimonio arquitectónico, una quiebra del sistema de garantía a los ciudadanos y un fraude en el producto resultante. Esperemos que reflexionen.