Con nueve votos a favor (siete del PSOE, uno de la única edil no adscrita presente en la sesión y otro del concejal de Ciudadanos), seis abstenciones de los concejales de Unidos por Punta Umbría (UPU), el pleno ordinario celebrado ayer miércoles en Punta Umbría dio luz verde al allanamiento del Consistorio en el procedimiento judicial abierto contra la adjudicación de las parcelas de la avenida Ciudad de Huelva.

Una propuesta de acuerdo elevada al pleno por la Alcaldía que en la práctica supone la anulación de la adjudicación de las parcelas de los antiguos depósitos de agua de Punta Umbría a la empresa Riaumbría Towers, donde estaba planificado edificar residencial William Martin, conocido popularmente como el proyecto de las dos torres, cada una de ellas de 19 plantas.

En providencia de Alcaldía aprobada se propone acordar el allanamiento del Ayuntamiento de Punta Umbría de la demanda interpuesta en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huelva y cuyo objeto es la anulación de la adjudicación de las parcelas.

Además, el documento plantea iniciar un procedimiento separado y por los cauces legales que correspondan, a la determinación de los eventuales derechos económicos (devolución del precio abonado) que pudieran corresponder a la empresa por la anulación de la adjudicación. Asimismo, el Ayuntamiento desiste en su recurso al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a la sentencia que anula el procedimiento de venta de dichas parcelas.

Daniel Ferrera, edil de Economía y encargado de defender la propuesta, señaló que la decisión se adopta “en defensa del interés público y general” para el que sería “perjudicial” el mantenimiento de una “batalla judicial”, aún “creyendo en el criterio de los servicios jurídicos y técnicos municipales”.

El Portavoz de UPU se dirige a la alcaldesa.

Con esta aprobación “estamos haciendo un ejercicio de responsabilidad” porque “lo verdaderamente importante” es que “finalmente el proyecto se inicie y salga adelante cuanto antes”, a lo que añadió que “todo esto se ha originado por un defecto de forma y no ha habido ninguna ilegalidad ni mala fe”.

Por su parte el edil de Ciudadanos, Juan Luis Martín, defendió su voto afirmativo argumentando que su formación ya propuso el pasado 27 de noviembre el allanamiento “por la larga batalla jurídica que supone lo contrario”.

Mientras el portavoz de UPU, José Carlos Hernández Cansino, volvió a pedir la dimisión de la alcaldesa, Aurora Águedo (PSOE). “Usted se tiene que ir de forma inmediata, y dimitir”, le espetó a la primera edil nada más inicial su turno de palabra, ya que “desde el año 2017 estamos advirtiendo que todo esto podía ocurrir y usted ha huido imprudentemente hacia adelante”.

Hernández Cansino señaló que este asunto “va a costar a las arcas municipales al menos 5 millones de euros”, por lo que reiteró a la primera edil en que “se tiene que ir si tiene vergüenza torera”. Igualmente indicó que la nulidad de la adjudicación de las parcelas “no es por un error de forma, sino de fondo”, y por tanto según sus palabras es una “ilegalidad” de la que “es responsable la alcaldesa, al menos por imprudencia”.

La empresa muestra su rechazo al acuerdo y recuerda que es la propietaria de la parcela

Desde la bancada socialista se acusó al portavoz de UPU de “querer llegar a la Alcaldía por los tribunales, y no por las urnas”, según indicó Ferrera. Por su parte la alcaldesa acusó a Hernández cansino de “contradecirse” ya que según sus palabras “después de llevar tanto tiempo solicitando el allanamiento, ahora no lo apoya”.

Águedo también se defendió de las críticas de Hernández Cansino afirmando que como alcaldesa está “para las duras y para las maduras”, al tiempo que indicó no haber hecho en relación a este proyecto “nada que no hayan hecho el resto de alcaldes que me han precedido, incluido usted –en alusión al portavoz de UPU–”.

La empresa Riaumbría, como ya anunció los días previos, expresó en un comunicado tras el pleno su total desacuerdo con la decisión adoptada y “como empresa perjudicada tras abonar al Ayuntamiento el dinero establecido en el proceso de adjudicación, ha iniciado ya los primeros pasos para presentar en los próximos días diferentes medidas legales para defender sus intereses”.

Entre dichas medidas destaca “todas aquellas encaminadas a defender que esta empresa ha sido perjudicada y tiene la propiedad sobre unos suelos por los que ha abonado el valor establecido en un concurso público”, por lo que “si el Ayuntamiento de Punta Umbría tiene la intención de iniciar un nuevo procedimiento administrativo para vender estos suelos por segunda vez, nuestra empresa defenderá en los tribunales que es la propietaria única”.