José Antonio Cazorla, el policía Local de Isla Cristina que en 2017 recibió un disparo en una pierna durante unas prácticas de tiro, ha presentado este martes una denuncia contra otros tres agentes del mismo cuerpo -una de ellas de Lepe, J.M.M.A., otra de Sevilla, J.L.V. y uno tercero de Huelva, F.J.P.P.-, a los que acusa de un delito de falso testimonio por declarar ante notario un contenido que, el transcurso del tiempo, se ha demostrado que no se ajustaba a la verdad.

Los hechos se remontan al año 2017, cuando el denunciante recibió un disparo en una pierna durante unas prácticas de tiro en Huelva por parte del instructor encargado del curso, lo que estuvo a punto de costarle la vida y que fue negado sistemáticamente por el causante del disparo durante más de cinco años.

Según ha precisado José Luis Orta, abogado del agente isleño denunciante, a lo largo de dichos cinco años, y en varias declaraciones, el instructor negó ser el causante del disparo, "dejando abierta la puerta a que hubiera sido algún compañero" de los presentes en las prácticas de tiro aquel día, "a pesar de que todos declararon en comisaría y en los juzgados que fue el instructor el responsable de lo sucedido sin ningún género de dudas".

La negativa a reconocer los hechos por parte de esta persona, llegó hasta tal punto "que quiso aportar como prueba testifical en la instrucción del procedimiento en el juzgado la declaración de tres policías locales que estaban ese día en la galería de tiro, aunque más alejados que los testigos directos.

Dicha prueba, prosigue, fue rechazada por la jueza del caso, decidiendo los tres acudir el mismo día a sendos notarios de Lepe y Sevilla para realizar un acta de declaración jurada en la que manifestaban que, "sin ningún género de dudas", vieron cómo el disparo no provenía del arma del instructor, y en la que incluso "daban fe de que el arma se guardó sin cargador ni munición". En definitiva, puntualiza el abogado, "tres policías que arropaban la tesis de la defensa del acusado y lo hacían ante notario".

"Lo que ninguno de los tres se esperaba -añade- es que el día del juicio, el 26 de enero de 2023, el acusado se derrumbara en el banquillo y aceptara su culpabilidad, reconociendo los hechos y ser él el autor del disparo".

Para el letrado de Cazorla el acto de reconocer su culpabilidad, a pesar de haber mentido durante más de cinco años, es un derecho que legalmente tiene un acusado y que no le perjudica con más consecuencias que la propia pena impuesta por el caso, pero no así a los testigos, que pretendiendo ayudar a la defensa quedan en entredicho cuando el acusado reconoce los hechos", por lo que se pregunta "¿por qué declararon ante Notario algo que no era verdad y que el propio acusado se ha encargado de desdecir?".

Finalmente indica que el delito de falso testimonio se contempla en el artículo 458 del Código Penal con penas de hasta dos años de cárcel, e incluso de inhabilitación temporal de su cargo.