El juicio de las VPO de la calle Peral se inicia hoy tras 11 años de tramitación

El juzgado de Ayamonte acogerá desde hoy las cuatro sesiones del juicio por la vía civil que aclarará las indemnizaciones que recibirán los propietarios de las trece viviendas que se derrumbaron en Lepe el 18 de agosto de 1998.

Según explicó el portavoz de los afectados, Joaquín Serra, el juicio tendrá lugar una vez que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huelva decretó su ruina el pasado mes de diciembre, y solventados los "problemas técnicos" del juzgado de Ayamonte, donde tendrá lugar la vista.

Las casas fueron declaradas el pasado diciembre en ruinas al considerar el juez que era prioritario proteger la seguridad de las personas antes que los intereses de la promotora.

La empresa promotora había pedido el derribo tras el decreto de ruina realizado por el Ayuntamiento, aunque el juez se amparó en la determinación de los arquitectos, que argumentaron en el juicio que la ruina era evidente y rehabilitar las casas no garantizaba su seguridad.

En el juicio, los afectados pedirán, además de la reconstrucción, daños morales cifrados en 18.000 euros en el juicio por la vía penal en el que los imputados, entre los que se encontraban arquitectos, técnicos y albañiles, fueron absueltos en el año 2004. Cada afectado pagó unos 84.000 euros por su vivienda adosada, cantidad que solicitan como indemnización, así como distintas cantidades por los objetos que se encontraban en las casas que oscilan entre los 600 y los 24.000 euros.

El derrumbe de las viviendas de la calle 'Peral' de Lepe se produjo a las 15 horas del 18 de agosto de 1998, cuando los vecinos escucharon "algo que parecía el ruido de muebles arrastrándose o algo parecido, y unas grietas que ya habíamos visto días atrás comenzaron a abrirse".

En sólo tres horas, dos de las casas de la calle y parte de una tercera se hundieron más de un metro en el suelo, y fueron derrumbadas por seguridad al caer la noche por el Ayuntamiento, mientras que las diez restantes fueron clausuradas por seguridad.

Joaquín Serra explicó que los promotores de las viviendas intentaron llegar a un acuerdo previo con los afectados para evitar el juicio, "aunque la cantidad que nos ofrecían era totalmente insuficiente para levantar todas las casas que habían quedado inservibles".