El Juzgado de Huelva suspende las conclusiones del juicio de las VPO porque quedan pendientes declaraciones

Las conclusiones del juicio de las VPO de la calle Peral de Lepe (Huelva), que se derrumbaron en 1998 y para las que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huelva decretó su ruina en diciembre de 2007, que estaban previstas para el día de hoy han quedado suspendidas porque quedan pendientes declaraciones para resolver el caso.

El portavoz de los afectados, Joaquín Serra, aseguró a Europa Press que "tras no presentarse a declarar varias personas, el juicio no ha podido reanudarse hoy", por lo que el juzgado espera localizarlos y poder continuar con el proceso, que se está celebrando en Ayamonte

En este sentido, Serra se mostró satisfecho con su evolución y esperó que "se reanude pronto".

En este sentido, los perjudicados solicitarán que las VPO sean finalmente derribadas y se vuelvan a construir correctamente, así como pedirán daños morales por lo sucedido "porque hay personas que llevan once años pagando hipotecas, con problemas de ansiedad desde entonces", a lo que añadieron que se trata de personas jóvenes, en su gran mayoría.

Este juicio por la vía civil debe establecer las indemnizaciones que deben fijarse para cada uno de los propietarios, que solicitarán el gasto de las obras de construcción o de rehabilitación de las viviendas, los enseres dañados con el derrumbe y, además, daños morales, que ya fueron cifrados en 18.000 euros en el juicio por la vía penal celebrado en 2004 y en el que los imputados -administradores, arquitectos, técnicos y albañiles que intervinieron en las obras- resultaron absueltos y el caso remitido a la vía civil.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huelva decretó en diciembre de 2007 la ruina de las 13 VPO de la calle Peral de Lepe (Huelva) que se derrumbaron en 1998, al determinar "prioritario" proteger la seguridad de las personas a los intereses de la promotora, que pidió la suspensión del derribo implícito en el decreto de ruina ya realizado por el Ayuntamiento lepero para proceder a la rehabilitación, según indicó la defensa de los propietarios a Europa Press.

De la misma forma, el juez también se amparó en la determinación de los arquitectos, que argumentaron en el juicio que la "evolución de la ruina de las viviendas continuaba, no ofreciendo seguridad ni incluso en las obras de rehabilitación que pudieran llevarse a cabo".