El jefe de la obra y el proveedor de ladrillos de la "calle Peral" testifican en el juicio

El jefe de obra de las VPO de Lepe (Huelva) y el proveedor de los ladrillos de las viviendas ofrecen hoy su versión de los hechos en el juicio que se está celebrando en Ayamonte, después de que en el día de ayer se iniciara el proceso civil que debe cuantificar las indemnizaciones que cobrarán los propietarios de las 13 VPO de la calle Peral de Lepe, que se derrumbaron en 1998 y para las que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huelva decretó su ruina el pasado mes de diciembre de 2007.

Así lo explicaron a Europa Press fuentes cercanas al caso, quienes precisaron que en la jornada de ayer las personas a las que se les tomó declaración por los hechos -promotores, constructores, peritos y arquitectos- aseguraron que "desconocen la causa del hundimiento de las viviendas".

En este sentido, los perjudicados solicitarán que las VPO sean finalmente derribadas y se vuelvan a construir correctamente, así como pedirán daños morales por lo sucedido "porque hay personas que llevan 11 años pagando hipotecas, con problemas de ansiedad desde entonces", a lo que añadieron que se trata de personas jóvenes, en su gran mayoría.

Las conclusiones de este proceso tendrán lugar el lunes, después de que mañana continúen las declaraciones.

Este juicio por la vía civil debe establecer las indemnizaciones que deben fijarse para cada uno de los propietarios, que solicitarán el gasto de las obras de construcción o de rehabilitación de las viviendas, los enseres dañados con el derrumbe y, además, daños morales, que ya fueron cifrados en 18.000 euros en el juicio por la vía penal celebrado en 2004 y en el que los imputados --administradores, arquitectos, técnicos y albañiles que intervinieron en las obras-- resultaron absueltos y el caso remitido a la vía civil.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huelva decretó en diciembre de 2007 la ruina de las 13 VPO de la calle Peral de Lepe (Huelva) que se derrumbaron en 1998, al determinar "prioritario" proteger la seguridad de las personas a los intereses de la promotora, que pidió la suspensión del derribo implícito en el decreto de ruina ya realizado por el Ayuntamiento lepero para proceder a la rehabilitación, según indicó la defensa de los propietarios a Europa Press.

De la misma forma, el juez también se amparó en la determinación de los arquitectos, que argumentaron en el juicio que la "evolución de la ruina de las viviendas continuaba, no ofreciendo seguridad ni incluso en las obras de rehabilitación que pudieran llevarse a cabo".