Los 16 incendios registrados en los asentamientos de personas inmigrantes en la provincia de Huelva a lo largo de 2019 han dejado un triste balance con una persona fallecida, un joven marroquí de 23 años, once heridos y hasta 681 personas afectadas como consecuencia del fuego.

El balance lo hace, en declaraciones a Europa Press, la directora del Plan de Intervención Social y Empleo de Cruz Roja en Huelva, Elena Pavón, quien destaca la alta tasa de incendios este año en los asentamientos. En concreto, en el año 2018 se dieron seis incendios frente a los 16 de este ejercicio.

Cruz Roja, tras la firma del convenio con el 112, acude por protocolo a los incendios que se registran, previo aviso del Servicio de Emergencias, para atender y prestar asistencia a los afectados. Además de realizar tareas de prevención con el Infoca, se han geolocalizado los asentamientos para que sea más rápida y efectiva la llegada de los dispositivos ante cualquier suceso o incidencia, así como para marcar las posibles vías de evacuación.

Por ello, la entidad tiene recogidos los distintos incendios acontecidos en los diversos asentamientos que se ubican en distintas localidades de la provincia, principalmente en los términos municipales de los pueblos agrícolas. Así, ha indicado que en Lepe se han contabilizado cuatro incendios, otros cuatro en Palos de la Frontera, cinco en Moguer, y tres en Lucena del Puerto.

Convencida de que esta problemática es “compleja” y requiere una intervención “igualmente compleja”, Pavón ha sostenido que lo principal es “poner a las personas en el centro”. Además de la ayuda de emergencia que pone en marcha Cruz Roja ante un incendio, realizan visitas semanales a los mismos para hacer un seguimiento a las necesidades y situaciones de las personas que viven en estos asentamientos que suman 30 en la provincia.

Este año 2019 ha sido especialmente complejo en cuanto a los incendios en los asentamientos y ha generado un movimiento social tras el acontecido en el asentamiento que se ubica cerca del cementerio lepero y que quedó totalmente arrasado. Concentraciones masivas se sucedieron en las calles del municipio para reivindicar una alternativa habitacional para estas personas puesto que la parcela del asentamiento –de propiedad privada–, además de calcinada, fue vallada, lo que no permitía volver a construir las chozas en la zona.

Ante esto, que generó gran revuelo social y laboral, ya que algunos temporeros no acudieron a su puesto de trabajo como medida de protesta, provocó incluso la reunión del Defensor del pueblo andaluz, Jesús Maetzu, con el alcalde lepero que, se reunió, asimismo, con administraciones y empresarios, para abordar este tema.