Juan Cruz Campoy, representante legal de la empresa promotora del proyecto, mostró ayer por la tarde la “oposición frontal” de Ría Umbría Towers con esta última decisión adoptada por el Ayuntamiento, ya que según sus palabras “no hay ningún juzgado que haya dicho que hay que hacer eso, ni ninguna sentencia firme al respecto”.

En este sentido anunció que la empresa va a adoptar las “acciones legales necesarias para salvaguardar sus derechos” ya que “como tercera de buena fe es la principal afectada de una situación que está poniendo en riesgo toda la inversión prevista”. Y es que según prosiguió, “ya hemos puesto más de siete millones de euros sobre la mesa, los cuales se han gastado, y alguien los tendrá que pagar”.

Cruz Campoy indicó finalmente que “por una disputa política” entre el equipo de Gobierno y el portavoz municipal de Unidos por Punta Umbría (UPU), José Carlos Hernández Cansino, “se están viendo perjudicados los intereses de una empresa puntaumbrieña con más de cuarenta años trabajando en la localidad, que nació como fruto de la unión entre varios empresarios locales, y que todo lo que hace es denunciado por este señor” (en referencia a Hernández Cansino).