El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Huelva ha desestimado el recurso de reforma presentado por cinco de los ocho concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento Punta Umbría contra el archivo de su denuncia que pretendía paralizar el proyecto conocido como SAPU 5 o La Peguera, que contempla entre otras actuaciones hoteles de 4 y 5 estrellas, apartamentos turísticos, una marina así como zonas dotacionales.

En el auto, el juez refleja expresamente que "no aprecia indicios de falsedad documental, ni de ningún otro delito, en la voluminosa prueba documental que se aportaba junto con la denuncia y que se ha requerido al Ayuntamiento de Punta Umbría".

En la resolución se subraya que "sí hubo un pliego erróneo en la medida en que se había consensuado un plazo de tres meses para la presentación de oferta con los Servicios Técnicos Municipales, y en el pliego se habían hecho constar dos". Ante lo cual, el juez deja claro que "se quieran valorar o no los anteriores hechos como incidencia o irregularidad en el expediente administrativo, desde luego carecen de relevancia jurídico penal". Por todo ello, "a la vista del informe técnico municipal ni consta acreditado que algunos de los denunciados alterara el pliego, ni dicha alteración de un mes en el plazo de oferta puede ser considerada como un elemento de carácter esencial, ni tendría finalidad alguna a la vista de que el concurso quedó finalmente desierto".

Ante esta tesitura, el magistrado afirma que el recurso "debe ser desestimado". "Es un nuevo varapalo contra quienes quieren dañar continuamente al pueblo", añade el texto dado a conocer por el Consistorio.

El portavoz del equipo de Gobierno, Jesús Fernández Ferrera, subrayó que "no por esperada esta resolución judicial deja de ser importante que una vez más el Partido Popular se lleve un nuevo varapalo en su intento de hacer daño al pueblo de Punta Umbría".

Ferrera indicó que "es un buen día para nuestro pueblo, y un mal día para el Partido Popular" puesto que "de nuevo se le ha frenado en seco en su empeño por deteriorar la imagen de nuestro municipio y evitar su desarrollo turístico con una campaña continuada de denuncias sin sentido". Cabe recordar que no todos los concejales del PP se adhirieron a la demanda de ese partido, puesto que no estaba firmada ni por la también parlamentaria andaluza María Sacramento, ni por los ediles Rocío Serrano y Laureano González.