"No recuerdo. No sé. Lo desconozco". Estas fueron las palabras más socorridas frente al juez utilizadas por Antonio Joaquín Díaz (PSOE), concejal de Urbanismo de Almonte, a la hora de justificar la aprobación de la licencia de obra al Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para la remodelación del Palacio de Doñana, en el que tiene su centro de operaciones la Reserva Biológica de Doñana. El Ministerio Fiscal aprecia en estas obras delitos de daños en el patrimonio histórico y prevaricación.

En base a ello el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de La Palma del Condado ha abierto diligencias e investigado a nueve personas, entre ellas Alberto Sereno, secretario general del CSIC; diversos responsables de la constructora; los técnicos municipales Laura Jiménez, arquitecta, y Soledad de la Corte, asesora; así como el mencionado concejal de Urbanismo y a su antecesora, Fátima Pérez (PP), incluida por error según el portavoz del PP, José Antonio Domínguez, "al estimarse que el cambio de Gobierno se produjo el 18 de agosto de 2015", cuando el traspaso de poderes fue anterior.

Más allá de las responsabilidades penales, el asunto ha cobrado especial gravedad por el hecho de que los 1.500.363 euros presupuestados para las obras se cofinanciasen con Fondos Europeos al Desarrollo Regional. Estas ayudas tienen como finalidad contribuir al desarrollo económico de las regiones deprimidas de la UE, y, en este caso, el resultado sería que se habrían utilizado para atentar contra el patrimonio.

En su comparecencia frente al juez, el edil socialista aludió a la falta de memoria para responder si la asesora le trasladó que, en virtud de la normativa municipal, en el emblemático edificio señorial sólo podían llevarse a cabo obras de conservación y rehabilitación que no afectasen a la estructura del edificio. Del mismo modo mantuvo que "no sabía exactamente qué elementos constructivos había informado desfavorablemente el arquitecto municipal Rafael Morano". Su informe fue definitorio para que el anterior equipo de gobierno popular paralizase las obras. En su descargo, Díaz replicó que el experto "ya no se encontraba trabajando para el Ayuntamiento". El despido fue justificado en que cuando llegaron al poder observaron que "había personas que trabajaban de forma externa y por facturas", por lo que debido a "la situación económica" decidieron prescindir de estos profesionales autónomos. No en vano, acto seguido, mantiene que firmó la propuesta para la concesión de la licencia de obras confiando en el buen criterio del informe positivo del asesor y del arquitecto municipal, que también están investigados.

El concejal de Urbanismo tampoco recordó "si en los informes se hacía referencia a tirar muros dentro del edificio". Por otro lado, y reconociendo que visitó el Palacio de Doñana durante las obras, Díaz insistió en que desconocía la posibilidad de que se llevasen a cabo tales demoliciones. El portavoz municipal detalló que fue él quien acordó el inicio del expediente de revisión de oficio "por si hubiera existido un error en la concesión de la licencia".

Lo que no ofrece dudas es que el señorial cortijo andaluz se emplaza dentro del Espacio Natural de Doñana, en un suelo no urbanizable de especial protección y en zona A del Plan de Ordenación Territorial del Ámbito de Doñana. Por otra parte, las reformas a las que fue sometido el edificio en 1972 y 1988 respetaron en todo momento la fisonomía del conjunto del siglo XVI. El emblema arquitectónico fue blindado por el Plan General de Ordenación Urbana (aprobado el 27 de diciembre de 2006) con protección de grado 1 dentro del Catálogo Municipal de Bienes y Espacios Protegidos. Al no estar incluido en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural (BIC), es el Ayuntamiento al que corresponde la responsabilidad de velar por su protección.

El proceso judicial no sólo cuestiona la falta de celo del concejal de Urbanismo a la hora de proteger el patrimonio arquitectónico y cumplir con lo recogido en el PGOU, si no que deja en mal lugar el papel de la promotora que inició las obras en el intervalo de tiempo que transcurrió entre el primer proyecto, cuya licencia de obra fue denegada, y el segundo, que sí obtuvo el cuestionado respaldo institucional. A primeros de mayo de 2015 y en vista de que las obras habían arrancado "sin licencia y siendo incompatibles con la legalidad", se ordenó la paralización.

Posteriormente, el Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) forzó al equipo de gobierno a recular y declarar nula la concesión de la licencia. Se dejaba así sin validez el acuerdo de Junta de Gobierno local de 23 de julio de 2015 en el que una recién investida alcaldesa, Rocío Espinosa, dio validez a las obras impulsadas por el CSIC.