El Pleno municipal de Lepe acordó ayer dejar la empresa pública Giahsa a propuesta del equipo de Gobierno, del PP, y a pesar del voto en contra de los dos partidos de la oposición, PSOE y PA.

La propuesta reunió a las puertas del Ayuntamiento de Lepe a un centenar de trabajadores de la empresa pública Giahsa que protestaron en contra de la propuesta. El alcalde negoció, previamente a la sesión con el colectivo, que sólo entrarían 25 de ellos para seguir la sesión plenaria. Todo ello en medio de un fuerte dispositivo de seguridad formado por la Policía Local y la Guardia Civil. Los trabajadores desplegaron pancartas reprochando al alcalde que 400 familias se iban a ver afectadas por "una irresponsabilidad política" y rechazando la privatización del servicio público de abastecimiento y saneamiento de agua.

El portavoz del PP, Jesús Toronjo, hizo una larguísima intervención para defender que "intentamos que los beneficios de la gestión del agua reviertan en el pueblo de Lepe y no, como hasta ahora, que lo hace en todos los municipios menos en éste". Además añadió que en Lepe no se realizan ni obras ni inversiones, a pesar de ser el pueblo que "más usuarios aporta a la Mancomunidad".

El equipo de Gobierno reconoce que la medida afectará a 15 trabajadores para los cuales garantiza el empleo en las mismas condiciones que en Giahsa. Sin embargo, fuentes del comité de empresa aseguran que serán 40 los trabajadores que se pueden ver perjudicados.

Toronjo explicó que la nueva empresa que asumirá el servicio ofrece una oficina para los usuarios en Lepe y una cartera de obras que supera los 2 millones de euros en actuaciones menores.

El portavoz del PSOE, David Taboas, defendió que el servicio mancomunado beneficia al ciudadano y que el PP con su propuesta "busca dinero para pagar los desmanes políticos y en contra de los intereses de Lepe". Calificó de "irresponsabilidad" entregar este servicio a una empresa privada cuyo "objetivo será lograr beneficios en detrimento del servicio".

El portavoz del PA, Manuel Jesús González, lamentó "la privatización del servicio" y que la decisión responda, fundamentalmente, al enfrentamiento político PSOE/PP.