Ambicioso. Muy ambicioso se antojaba el proyecto para poner en marcha 14.000 hectáreas de regadío en la comarca de Doñana. Se denominó Plan Almonte Marismas y abarcaba a las provincias de Huelva y Sevilla. Corrían los años setenta, tiempos en los que aún se pasaba hambre en España, tiempos que anunciaban ya el fin de la dictadura, la apertura a los mercados y al progreso, tiempos de expansión de conquista de nuevas tierras y de escasa conciencia ecológica.

Todo un fenómeno socioeconómico debía producirse en el entorno de Doñana nada más declararse el proyecto zona regable de interés nacional. Un cambio que debía hacerse efectivo tras la aprobación inicial del plan general de transformación y el visto bueno de las obras por parte del Ministerio de Agricultura en 1977, recién instaurada la democracia. Treinta años después apenas si quedan de aquel proyecto 5.000 hectáreas.

Dos fases iban a diferenciar el proceso de asentamiento en las tierras. Una primera llevada a cabo por colonos individuales, entre años 1979 y 1983, y otra la de las cooperativas que se desarrolló entre los años 1987 y 1989. La primera se realiza a través de la Administración central (Iryda)y la segunda a través de la Junta de Andalucía (Iara).

Inicialmente, la zona regable iba a estar destinada a la ganadería, pero después la Administración la acondicionó para la agricultura extensiva. El plan se dividía en dos subsectores: El I de la zona de Villamanrique y el II de Almonte. Una vez terminados los trabajos de preparación se hizo entrega de la tierra a los colonos a razón de 24 hectáreas para cada uno de ellos. Pero casi de inmediato, la Administración realizó una nueva interpretación del programa de transformación y lo adaptó no ya para cultivos extensivos sino intensivos reduciendo la extensión de los lotes al entregar a los colonos a 18 hectáreas y en otros casos a 13 hectáreas.

La experiencia anterior y la mala calidad de la tierra supusieron el primer fracaso de la puesta en marcha del plan de transformación. La gente del entorno no estaba dispuesta a formar parte de la aventura, por lo que la Administración decidió entregar los lotes a cooperativas y sociedades agrarias de transformación. Es más, viendo que en Huelva no había suficiente iniciativa para que los agricultores integraran grupos asociativos los responsables del plan recurrieron a poblaciones de otras provincias de Andalucía como Sevilla, Cádiz, Córdoba y Jaén, incluso al País Vascos y a los Países Bajos, de donde llegaron emigrantes.

Para cumplir el objetivo ayuntamientos y centros de capacitación agraria se pusieron manos a la obra con equipos técnicos y de experimentación para orientar los cultivos acordes con la zona a fin que fueran rentables en el mercado; equipos de profesionales que asesoraran en la gestión, comercialización de las producciones; así como ayudas financieras tanto para las inversiones como para las campañas, ya que se exigía para acceder a la tierra ser "pobres de solemnidad". El proyecto también incluía viviendas para albergar a las familias de los cooperativistas asentados.

Una vez captadas asociaciones suficientes para poder desarrollar el plan, comenzaron los primeros asentamientos de las cooperativas, que ocuparon aproximadamente el 60% de la superficie transformada en Almonte. El resto salió a concurso público en años sucesivos, pero quedó desierto al no presentarse ninguna otra entidad asociativa. Los problemas más abundantes estaban por llegar.

Poco a poco las sociedades adjudicatarias fueron tomando posesión de las tierras, pero comenzaron a faltar las promesas de la Administración relativas al asesoramiento técnico y comercial, a las viviendas, financiación, las infraestructuras como desagües, cortavientos, caminos, electricidad, naves y almacenes, carencias que motivaron que en los primeros años se perdiera casi la mitad de las cosechas.

El desaguisado fue tal que en 1990, la Junta de Andalucía decidió paralizar de forma provisional las 10.000 hectáreas transformadas hasta la fecha como actuación para la conservación del Parque Nacional de Doñana y establecer un programa de medición permanente del agua subterránea y la búsqueda de otras fuentes de aprovechamiento para no saturar el acuífero 27. Inmediatamente, el presidente de la Junta de Andalucía movería ficha y nombra una comisión internacional de expertos que será la encargada de realizar un estudio que dará lugar al dictamen sobre estrategias para el desarrollo socioeconómico sostenible del entorno de Doñana, momento en que se produce la paralización definitiva del Plan Almonte Marismas, lo que conlleva al abandono de los planes de inversión y desarrollo de los proyectos empresariales cooperativistas.

En años sucesivos se iban a producir un sinfín de reuniones en las que se realizaron dos propuestas por parte de la comisión de representantes de sociedades del plan, relativas a la eliminación de la agricultura en algunos subsectores y otra para la continuidad de los cultivos, propuestas que tomaron cuerpo en forma de proposición no de ley respaldada por la Coalición Andalucistas, Izquierda Unida y el Grupo Popular. Corría el año 94.

Negociaciones a dos y tres bandas darían lugar en el 97 a la firma de un acuerdo que proponía finalmente dos vías de solución a la problemática existente con el Plan Almonte Marismas, soluciones que implicaban la retirada o el acceso a la propiedad de las tierras con unas condiciones prefijadas en cuanto a una u otra por la Administración. En el primer caso se preveían ayudas europeas durante veinte años y en el segundo se contemplaba la reubicación de dichos cultivos intensivos en zonas que no afectasen al ecosistema de Doñana.

Las condiciones conjunta o individual para la continuidad establecían que el precio de las tierras sería la suma del valor de las tierras y de las mejoras permanentes cobradas en 1991 pero actualizadas, que las deudas contraídas con el Iara debían abonarse de forma inmediata y voluntaria y si no se reclamarían vía Hacienda, y no se permitía la venta de las tierras adquiridas hasta pasados ocho años de haber adquirido las escrituras en propiedad. También establecía que si alguno solicitaba la ampliación de la superficie, se estudiaría la misma, pero que el precio a aplicar por hectárea nunca sería inferior al del mercado de la zona. Mientras, las condiciones para la retirada determinaban el cobro por hectáreas anual de 570 euros (95.000 de las antiguas pesetas) y la condonación de las deudas con el Iara, entre otras.

Algunas de las cooperativas e individuales del subsector II decidieron optar por la retirada, ya que consideraban que les era imposible cumplir los compromisos que debían asumir los concesionarios que decidieron acogerse al acceso a la propiedad.

Al cabo de unos años la polémica se cierne de nuevo con el Plan Almonte Marismas. Los cooperativistas han denunciado que la Administración ha incumplido y modificado los acuerdos firmados y que en tales condiciones hubieran optado por la continuidad y no por el abandono. Según este colectivo, la actuación del Gobierno andaluz ha variado de forma muy ventajosa las condiciones iniciales fijadas para optar por la permanencia y ha posibilitado incluso la inmediata venta de las parcelas que se adjudicaban mediante transmisión por la Administración de prácticamente la mayoría de las cooperativas que optaron por el acceso a la propiedad.

Entre los incumplimientos, señalan que las mejoras permanentes cobradas en el 91 han desaparecido del precio final de la tierra, que conforme la Administración procede a entregar las escrituras de venta autoriza inmediatamente para que puedan transmitir a terceros sin tener en cuenta los ocho años, que las deudas contraídas con el Iara se exigen a partir de las entrega de las escrituras de acceso a la propiedad, esto es siete años después de estar acogidos a la continuidad, y que además algunos de los nuevos compradores no están desarrollando la actividad agrícola. También afirman que se han producido irregularidades en el precio de venta de las hectáreas que han sido adjudicadas por el mismo montante que tenían en concesión, sin tener en cuenta el precio de mercado de la zona. Otras prácticamente se "han regalado" y otras se han cobrado aproximadamente a 12.600 euros por hectárea. Tampoco por el aprovechamiento de las tierras se ha cobrado nada durante los siete años de media que han transcurrido desde el acuerdo de continuidad (1997) hasta el acceso a la propiedad en 2004.

El litigio motivó la constitución de una comisión de representantes de sociedades cooperativas e individuales del Plan Almonte Marismas acogidas a la retirada de tierras de cultivos durante al menos veinte años. Se trata de los subsectores II-11, 13, 14 y 16 con un extensión de más de 2.000 hectáreas reclama ahora igualdad de trato.