La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado congregó ayer frente al Parlamento de Andalucía, en la capital hispalense, a miles de personas -17.000 según los convocantes- solicitando a la Junta de Andalucía que modifique el Plan Especial de los Regadíos de la Corona Norte de Doñana para dar cabida a unos terrenos tradicionalmente agrícolas que cada año generan más de 40.000 empleos.

Así lo explicó el presidente de la plataforma, Cristóbal Picón, quien entregó una carta a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y al presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán. En el texto, que fue leído a los asistentes a la manifestación, la plataforma recuerda a la presidenta de la Junta que los agricultores "han aplaudido desde su aprobación la existencia del plan, puesto que contar con un marco legal estable siempre ha sido una de nuestras principales demandas".

A pesar de esto, "no podemos dejar de mostrarle nuestra gran preocupación al comprobar que el Plan de la Corona Norte no es un texto firme y definitivo, sino que incluye una letra pequeña que hace que las 9.340 hectáreas catalogadas como de regadío por la Junta estén sujetas a otras normativas existentes".

Esta situación, según señaló Picón, hace que "el sector de las berries del Condado desconozca a día de hoy, 16 meses después de su aprobación, qué hectáreas están realmente catalogadas como regadío en nuestra comarca". Por este motivo, "consideramos que el Plan Especial de los Regadíos está mal planteado y necesita ser revisado para aportar a los agricultores seguridad y estabilidad".

Actualmente, y tras la aplicación de otras normativas, el plan deja fuera el 30 % de las hectáreas, lo que, a juicio de la plataforma, supone para la agricultura del Condado perder una de cada tres explotaciones y, por tanto, la riqueza y el sustento económico de una comarca y de una provincia que tiene en la fresa y el resto de berries uno de sus principales pilares económicos.

Según adujo Picón, "esas más de 1.500 hectáreas que no entran en el plan, más las que se han caído como consecuencia de la normativa a aplicar, generan cada campaña unos 40.000 empleos en la provincia de Huelva". No obstante, los agricultores recordaron a la presidenta de la Junta que no quieren "que la balanza sólo caiga de nuestro lado, tan sólo queremos que se respeten las 9.340 hectáreas que contemplaba el plan y que se atienda a nuestras alegaciones, presentadas hace meses y que aún siguen sin tener respuesta".

Estas alegaciones se corresponden con errores técnicos detectados, así como casos de parcelas históricas que se siembran desde hace más de 50 años y que han perdido su categoría de regadío, "dejando a familias sin su único modo de vida: la agricultura".

El presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, acudió a la concentración acompañado del presidente del PP onubense, Manuel Andrés González, y otros parlamentarios de esta formación. Moreno señaló que esta marcha masiva" "va a suponer un cambio de actitud en el Gobierno andaluz y en Susana Díaz, que va a tener que recapacitar porque en una comunidad y en una provincia como Huelva, donde hay tanta carencia de empleo, no podemos jugar con el futuro de mucha gente".

También estuvieron presentes el secretario de Organización del PSOE en Huelva, Jesús Ferrera, quien anunció la posibilidad de mantener un encuentro con la responsable de Medio Ambiente en el Parlamento. Por otro lado, el grupo parlamentario de Ciudadanos se puso en contacto con la plataforma para tener una reunión próximamente. Asimismo, representantes de Podemos mostraron su voluntad a reunirse con el sector.

Los asistentes, que llegaron desde los cinco municipios que integran la plataforma (Moguer, Lucena del Puerto, Bonares, Rociana del Condado y Almonte), regalaron berries y recordaron a los parlamentarios andaluces que este sector es uno de los pilares económicos fundamentales en Andalucía y que, además de la revisión del plan, aún precisa la aprobación de una transferencia de 15 hectómetros cúbicos de agua para tener garantizado el riego en toda su superficie de cultivo.

La manifestación contó con el respaldo de los alcaldes socialistas de los pueblos afectados: Diego Pichardo (Rociana), David Vivas (Lucena), Gustavo Cuéllar (Moguer), Juan Antonio García (Bonares) y Rocío Espinosa (Almonte). El representante bonariego mostró su optimismo por que las demandas del sector agrícola se resuelvan satisfactoriamente, de forma que "dentro de la legalidad vigente se puedan regular todos los posibles errores cartográficos que presenta el plan".

En cualquier caso, apuntó que la prioridad es obtener el agua, puesto que con ella la situación del acuífero estará totalmente garantizada. García insistió en que "bien por errores u otros motivos se ha consentido durante muchos años una actividad agrícola a la que ahora hay que darle solución, buscando el equilibrio entre la sostenibilidad y la actividad económica".

Su homólogo de Rociana insistió en que nunca han pedido una amnistía, si no que "se regularicen las 9.340 hectáreas contenidas en el Plan" de la fresa. Para ello, Pichardo mostró su confianza en que "los datos aportados por los ecologistas no sean correctos", al tiempo par que reclamó a la Junta de Andalucía que "dé respuesta a todas aquellos zonas regables que, respetando la ley, pueda ser regularizadas".

El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Huelva, Francisco J. Contreras, aseguró, además, que, de no revisarse el plan, el 80% de las empresas dedicadas a las fresas y frutos rojos en la zona se pueden ver afectadas en mayor o menor grado.

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, insistió ayer en que el plan es "la máxima garantía" para la agricultura del entorno de este espacio natural, y que se va a aplicar "con el máximo respeto a la ley". Fiscal dejó claro que es una cuestión que "está fuera de toda duda". Según recordó, este plan contó con "el apoyo de la inmensa mayoría de los actores que tienen intereses en esta cuestión" y, aunque reconoció que "no satisfacía al 100%, todas las partes cedieron para poder aprobarlo".