El fiscal jefe de Huelva, Alfredo Flores, aseguró que, tras analizar el vídeo protagonizado por el vicepresidente del PP de Huelva y exalcalde de Ayamonte, Alberto Fernández, en el que anima a agricultores de la comarca de Doñana en sus movilizaciones contra el cierre de pozos ilegales por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en cumplimiento de una sentencia del TSJA, “no ve ninguna incitación” a acometer ilegalidades.

Flores aseguró que, “al menos, en ese vídeo de ocho minutos de duración lo que se ve es una arenga política donde un político se dirige a un sector o a un grupo de personas para congraciarse con ellos”, a lo que ha añadido que la Fiscalía “no va a entrar a valorar cuestiones políticas ni si sus palabras son más o menos adecuadas. No es nuestra misión”. En este sentido, y tras la petición, a través de los medios de comunicación, de Adelante Huelva para que la Fiscalía actúe de oficio contra Alberto Fernández, Flores precisó que “no se ha recibido ninguna denuncia ni ninguna comunicación formal”.

De igual manera, el fiscal jefe subrayó que tras analizar el vídeo, si se hubiera denotado algún elemento delictivo, “hubiéramos actuado pues no necesitamos una denuncia para actuar”. No obstante, precisó que por parte de WWF sí han recibido una denuncia y se han abierto diligencias para investigar la autoría de unas pintadas amenazantes que aparecieron en una carretera próxima a la zona.

El que fuera Fiscal Delegado de Medio Ambiente en Huelva y que trabaja en estos asuntos durante los últimos 13 años ha precisado que “es un tema lo suficientemente complejo y socialmente delicado para que todos hagamos un ejercicio de serenidad y tranquilidad” y llamar a que, “calmadamente, se siga trabajando en un tema que es jurídicamente muy complicado”. Al respecto, dejó claro que la Fiscalía “nunca persigue a un determinado sector sino conductas individuales y las graves, en el tema del uso ilegal de agua y los cambios de uso, conforman una minoría, que se ha investigado, llevado a juicio y hay más de 30 sentencias”.

A su vez, aseguró que hay que tener en cuenta que “cualquier normativa o elemento que toque al medio ambiente requiere 18.000 informes y esto es lento” y ha puesto como ejemplo el Plan de la Corona Norte de Doñana, el cual le ha supuesto “un trabajo brutal para los técnicos”.

“Sustituir el agua no es sencillo ni barato, eso lleva su tiempo y no se puede decir a la gente que mañana habrá un trasvase y que estará todo solucionado, ni tampoco se puede decir que hasta que no haya agua no se pueden cerrar los pozos, no, porque la sentencia hay que cumplirla, pero eso sí hay que hacerlo con el menor coste social posible y que la gente no lo entienda como un ataque o como una humillación”. Por eso, inisitió en que cuando se produjo la concentración de los vecinos de Lucena en la zona de los pozos para impedir su cierre, “con buen criterio, se fueron al ver a la gente concentrada y tensa”.