Tras cinco años de negociaciones y tramitación, el Parlamento Europeo ha aprobado este martes nuevas reglas de control de la actividad pesquera de aplicación en los 27 Estados miembros. Entre ellas destaca el registro digital de todas las capturas realizadas por la flota de la Unión, incluidas las de la pesca recreativa; controles más estrictos para los buques con más de 18 metros de eslora y con precedentes en materia de incumplimientos, los cuales deberán llevar cámaras de vigilancia CCTV a bordo; o sanciones armonizadas dentro de la UE.

Del mismo modo, todos los buques pesqueros comunitarios deberán llevar dispositivos de seguimiento, una medida que ya está implantada en la flota andaluza, incluida la del golfo de Cádiz, cuyos buques ya cuentan con sistemas de geolocalización incorporados.

La nueva legislación, que ha salido adelante con un amplio respaldo y que ha sido apoyada por los principales grupos políticos de la Eurocámara: Socialista, Popular, Renew (Liberal) y Verts/ALE (Verdes), busca fundamentalmente garantizar la trazabilidad de la pesca y los productos de la acuicultura en toda la cadena de suministro, el cumplimiento de la Política Pesquera Común (PPC) y una mejor preservación de los recursos marinos.

El reglamento, que fue debatido en el orden del día del pleno que esta semana se está celebrando en Estrasburgo, salió definitivamente adelante con 438 votos a favor, 146 en contra y 40 abstenciones, y entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE, aunque varias de las medidas tendrán un plazo para ir aplicándose de forma gradual en los próximos cuatro o cinco años, según el caso, dando así tanto a los Estados miembros como a las flotas pesqueras tiempo suficiente para adaptarse.

La nueva normativa ayudará a recopilar datos más precisos, para una mejor gestión de los recursos marinos. Todos los buques de la Unión, sin excepción, tendrán que registrar y declarar sus capturas de forma digitalizada. En concreto, deberán rellenar por vía electrónica los cuadernos diarios de pesca, las declaraciones de transbordo y las declaraciones de desembarque. Los capitanes de buques de menos de 12 metros podrán cumplimentar y presentar una declaración simplificada al final de la jornada de pesca, una vez llegados a puerto y antes de desembarcar.

El Reglamento también aborda las grandes disparidades que existen actualmente entre los países de la UE en materia de sanciones. Así, el valor de los productos de la pesca capturados por un buque definirá a partir de ahora el nivel mínimo de las multas que se le aplicarán en caso de infracción grave de las normas. El margen de tolerancia -la diferencia entre la estimación del pescado capturado y su peso en el puerto de desembarque- se fijará en un 10% por especie, con algunas excepciones para las capturas de pequeño volumen y para algunas especies concretas.

Para garantizar el cumplimiento de la denominada obligación de desembarque, los buques de la UE con 18 metros de eslora, o más, y que previamente hayan sido sancionados por este motivo, tendrán que llevar a bordo sistemas electrónicos de seguimiento a distancia, incluido un circuito cerrado de televisión (CCTV), como mucho cuatro años después de la entrada en vigor de la legislación.

Los operadores tendrán que conservar información durante toda la cadena de suministro, desde el mar hasta el plato, incluida sobre la primera venta hasta la llegada de los productos a la distribución minorista, afectando igualmente, aunque tendrán un plazo de cuatro años para adaptarse, a la industria conservera, que deberá reflejar en el envase la procedencia del producto. Y es que, según el reglamento, la trazabilidad electrónica plena del pescado y sus derivados, incluida la acuicultura, “debería contribuir a reforzar la seguridad alimentaria, garantizar una competencia más leal y combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada“.

La parlamentaria europea Clara Aguilera.

Para la eurodiputada andaluza Clara Aguilera, portavoz socialista de la Comisión de Pesca y ponente del informe, se ha alcanzado un “acuerdo equilibrado” para el sector pesquero de la UE”, ya que las nuevas medidas de control “estarán armonizadas y serán más transparentes” gracias a la incorporación de procedimientos “totalmente digitales”. Además, el sector pesquero “tendrá cuatro años para adaptarse a los cambios y la pesca artesanal se beneficiará de una simplificación de las obligaciones de notificación”.

Aguilera considera que con este nuevo reglamento la Eurocámara “responde a la demanda de los consumidores de información sobre el origen de todos los alimentos que consumen”.

Por todo ello la eurodiputada socialista andaluza ha acogido con satisfacción lo que considera “el expediente más importante de la Comisión de Pesca en la actual legislatura 2019-2024”, que aglutina seis reglamentos anteriores ya que el actual régimen de control pesquero de la UE se concibió en 2009, antes de la reforma de la Política Pesquera Común (PPC) en 2013. En declaraciones a Huelva Información tras el debate de la normativa en el Pleno de Estrasburgo, Aguilera ha indicado que “ha sido un éxito de todos, porque si no es por el esfuerzo de todos los grupos, hubiese sido muy difícil llegar a un acuerdo”.

“Por fin hemos conseguido una armonización de la normativa para los 27 Estados miembros, que era muy diferente” y en el que se producía “por ejemplo, una discriminación de los pescadores españoles, cuyas sanciones eran más altas que la de otros Estados de la UE”, ha subrayado, para incidir en que “el control de la pesca es una cuestión prioritaria porque necesitamos que las normas sobre el control pesquero y las sanciones aplicables sean similares y uniformes en toda la Unión”. “También es importante armonizar los procedimientos de inspección y las sanciones en caso de infracción”, ha remarcado.

“Hoy estamos un paso más cerca de la digitalización del sector de la pesca y de la plena trazabilidad de los productos pesqueros y acuícolas”, ha señalado Aguilera. La plena digitalización del sector no puede extenderse más allá de 2030. Todos los datos de los buques pesqueros se registrarán de forma digital y se presentarán electrónicamente a los Estados miembros y a la Comisión Europea. De este modo, desde el cuaderno diario de pesca hasta las notas de venta, todos los datos se extenderán a lo largo de toda la cadena alimentaria y estarán disponibles para los consumidores.

El parlamentario europeo Francisco Millán.

Por su parte, los eurodiputados del Partido Popular Gabriel Mato y Francisco Millán Mon han destacado tras la votación que el PP ha trabajado “para evitar la aprobación de medidas desmesuradas” en el Reglamento. Francisco Millán Mon, que durante los últimos cinco años ha participado en las negociaciones en nombre del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, ha insistido en que “en general, el acuerdo es equilibrado, realista y gradual”, añadiendo que, aunque algunos aspectos “no nos satisfacen plenamente, el texto es mucho mejor que el aprobado por el Parlamento Europeo en 2021, y que la propuesta de la Comisión”.

“Gracias al intenso trabajo de mi grupo hemos logrado evitar medidas desmesuradas”, ha indicado, para hacer posteriormente hincapié en sus esfuerzos para que la reforma tenga en cuenta “las singularidades de la flota artesanal”.

El eurodiputado popular ha destacado también la gradualidad temporal para la aplicación del nuevo Reglamento, así como ha puesto en valor su solicitud a la Comisión Europea y a los Estados miembros para que velen por que el largo desarrollo legislativo del Reglamento de Control, a través de actos delegados y de ejecución, se lleve a cabo en estrecho diálogo con los profesionales del sector para evitar que suponga una carga excesiva para los operadores.

Millán Mon ha recordado por otra parte que “este Reglamento generaliza la digitalización. Esto implica, entre otras cosas, la mejora en la recolección de datos, necesarios para la buena gobernanza del sector. El sector necesita la existencia de datos para una mejor defensa de sus intereses y para que se conozca mejor el impacto de las medidas que se vayan a adoptar en materia pesquera”, refiriéndose expresamente al polémico veto a la pesca de fondo en 87 áreas.

Además, ha celebrado que en España la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) vaya a poner en marcha cursos de formación gratuita en competencias digitales.

El también eurodiputado popular Gabriel Mato, se ha dirigido al comisario para recordarle que “los pescadores no son delincuentes”, como se insinuó en su propuesta inicial sobre el control, así como ha defendido que, para garantizar el relevo generacional, que continúa siendo uno de los principales retos a los que se enfrenta el sector en la actualidad, la creciente burocracia y los controles que se imponen a los pescadores no deberían constituir una traba más para el sector. En concreto, ha explicado que “la solución no es imponer controles inflexibles y desproporcionados a normas ya de por sí rígidas y mal concebidas, como la compleja obligación de desembarque”. En este punto ha abogado por la reforma de las propias normas, siempre con la plena participación del sector para garantizar la implicación de los operadores en su cumplimiento.

Golfo de Cádiz

Sobre las posibles reacciones del sector pesquero del Golfo de Cádiz a la nueva normativa, Aguilera ha indicado a esta redacción que hay que tener en cuenta que “se trata de mecanismos de control”, lo cual “en principio siempre ha habido mucho temor”, al tiempo que ha defendido la iniciativa, a pesar de las reticencias iniciales del sector y de sus organizaciones representativas hacia la primera propuesta de la Comisión Europea, que a su juicio fue “muy radical”.

Igualmente ha puesto de manifiesto las reticencias que inicialmente podría ocasionar la obligatoriedad de la plena digitalización del sector. “Los papeles se van a acabar”, ha señalado, pero “se va a dar cuatro años para adaptarse, y por tanto para formarse y para incorporar los equipos necesarios, lo cual estará subvencionado por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA)”.

Por último se ha mostrado convencida de que la nueva normativa “va a suponer avances muy importantes y positivos para el sector, aunque puedan darse inicialmente ciertas reticencias a determinados aspectos de la misma”.