La Asociación Protectora de Animales y Plantas de Ayamonte (Apapa) ha denunciado  la muerte por "envenenamiento" de la que han sido víctima en los tres últimos años en la playa de San Bruno, Isla Canela (Ayamonte), un total de ocho perros, que podrían ascender a nueve de confirmarse un último caso detectado esta misma semana por dicho colectivo.

Según ha indicado a este periódico la presidenta de Apapa, María Isabel Saldaña, quien asegura haber tenido conocimiento directo de los casos por los propietarios de los animales afectados, la Guardia Civil ha abierto una investigación para intentar esclarecer los hechos tras la interposición de dos denuncias por parte de los propietarios de dos de los perros fallecidos, una de una familia de Ayamonte, y otra de una de Madrid.

En este último caso, añade, que hace referencia a una de las muertes más recientes "ha sido posible la identificación del tóxico utilizado para este vil acto tras la necropsia realizada al animal muerto", especificando que dicho producto "puede ser absorbido a través de piel, por inhalación o por ingestión, siendo mortal tanto para seres humanos, como para animales que pudieran entrar en contacto con el mismo, causando la muerte en el caso de un perro en apenas 20 minutos".

La presidenta de Apapa señala por otra parte que dicho veneno, cuya venta está prohibida en toda la Unión Europea desde el año 2003, "estaría siendo esparcido por personas cuya identidad por el momento se desconoce, por la zona de dunas de la referida playa de San Bruno, en Isla Canela".

Saldaña ha querido hacer por otra parte un llamamiento a los propietarios de mascotas, y más concretamente de perros, para que "extremen la precaución si suelen llevarlos, pasar o pasear con ellos por dicha playa ayamontina", ya que según añade, los responsables de la salubridad y adecuación de la playa "no han informado a la población de lo que está ocurriendo, y de los peligros que conlleva la situación para la población, sobre todo los niños".

En este sentido añade que el caso ha sido puesto por el colectivo en conocimiento del Ayuntamiento de Ayamonte, el cual "no se pronuncia, no da aviso de peligrosidad en la zona y no tenemos apoyo por su parte".

Saldaña recuerda que, la simple colocación de venenos es considerada una "acción criminal" tipificada en el código penal con penas de prisión, tratándose además de un delito que "debiera ser investigado".

"Sería de desear que las autoridades competentes utilicen los recursos necesarios a su alcance -añade- para evitar que éstos hechos sigan sucediendo con total impunidad, por lo que pide al Ayuntamiento que "informe a la población de los riesgos ante la posibilidad de entrar en contactos con esta sustancia, que sigue siendo colocada de manera impune por algún o algunos individuos".