El Ayuntamiento de Almonte devolverá el campo de golf a sus antiguos propietarios. Así lo trasladó el equipo de gobierno socialista en la comisión informativa celebrada en Matalascañas, donde comparecieron la alcaldesa, Rocío Espinosa, el exalcalde y portavoz del PP, José Antonio Domínguez, y el portavoz de Mesa de Convergencia, José María García.

Tras varias horas de debate y sondear la opinión de los vecinos y sectores sociales y económicos, las conclusiones las resumió el presidente del Foro de Matalascañas, Miguel Jurado: ejecución de la sentencia, mantenimiento de los únicos 18 hoyos de la costa oriental de Huelva, por su importancia para el sector turístico, y tratar de resolver el alquiler con el empresario que explota el complejo deportivo. La idoneidad, buscar el statu quo anterior al 2009 en que el Ayuntamiento compró la empresa Exclusivas Doñana. Otra petición unánime y un compromiso que adquirió la alcaldesa en primera persona fue invertir en el núcleo costero los 4,6 millones de euros que tendrán que reintegrarse a la arcas públicas. Es decir, la cantidad abonada hasta el momento (parte en parcelas en El Rocío) de los 7,5 en los que se tasó la operación.

La alcaldesa explicó que hasta la sentencia se ha tratado de negociar con los empresarios, si bien el dictamen judicial no deja margen de maniobra al equipo de gobierno a la hora de buscar alternativas que no pasasen por la devolución de las infraestructuras. En cualquier caso, emplazó a la ciudadanía para escuchar sus argumentos, "algo que nunca se ha hecho en Almonte" con una asamblea sin tintes políticos y en el que estuvieran representado los distintos grupos de la oposición.

El portavoz popular destacó que gracias al arriendo del campo de golf se evitó que, una vez la empresa estuviera en manos municipales, los ciudadanos tuvieran que afrontar la hipoteca de 750.000 euros que pesaba sobre las instalaciones. Asimismo, se privó a las arcas públicas de asumir los 450.000 euros que generaba anualmente en pérdidas el mantenimiento de la infraestructura deportiva.

El líder de Mesa de Convergencia consideró que "no es alarmante ejecutar la sentencia", por lo que a renglón seguido se asumirán las consecuencias que de ellas se deriven. En cualquier caso, señaló que lo prioritario antes de dar respuesta a problemas complejos es "definir que modelo de desarrollo" se pretende ejecutar en la costa almonteña.

En el turno de los vecinos los presentes señalaron que José Antonio Castellano, en calidad de alcalde, se opuso frontalmente a elevar la volumetría de los terrenos para construir un campo de golf. En concreto, señaló que los promotores pusieron como única condición que se le permitiese la construcción de un hotel de cinco estrellas. A pesar de su negativa como regidor municipal, posteriormente en calidad de empresario privado adquirió ese suelo y logró que su sucesor aprobase "duplicar" la zona construible para elevar nuevos chalets de lujo. A colación de ello detalló que en 1996 se dio curso a la innovación número 12 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en virtud de la cual se le otorgaba este medida de gracia a cambio de garantizar la viabilidad de la nueva zona deportiva que ocupa un área de 54 hectáreas.

En la asamblea se escenificó que existe una práctica unanimidad en que las instalaciones deben de permanecer abiertas. Alguna hostelera tomó la palabra para reclamar su mantenimiento porque, "aunque quizás no sume, lo que está claro es que su cierre resta". El concejal de Matalascañas también dijo de que si otras infraestructuras que pueda seducir a visitantes de cierto poder adquisitivo, ése es el campo.

El presidente de la Asociación de Propietarios de Matalascañas, Juan Gómez, pidió que se acate la sentencia y el Ayuntamiento realice un informe jurídico de cómo solventar los posibles nudos que impidan volver al estado anterior a 2009, en que se materializó la compra. De igual modo acusó a los distintos grupos políticos de no haber sido capaces de hacer rentable el negocio golfístico.

El presidente de los empresarios de Almonte (Cepyme), Pedro Roldán, concretó sus demandas en dos objetivos: "La prevalencia del interés general; y que no se pierda un activo" turístico.