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Miles de familias andaluzas viven en 10 de los 15 barrios con menor renta de toda España. Cada día, se enfrentan a la incertidumbre a la hora de cubrir gastos básicos como el alquiler, la luz, el agua o la comida. La vivienda, en esas zonas, se ha convertido en un lugar que, lejos de ofrecer refugio, se ha transformado en una cárcel de carencias para los niños y las niñas.
Según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) de 2024, en Andalucía, el 35,6% de la población está en situación de pobreza o exclusión social. Cuando atendemos a cómo impactan estas cifras en la franja de la infancia, aumenta hasta el 44,9%, casi 10 puntos más. La carencia material y social severa, los niveles más graves de pobreza, es también superior en la población infantil, un 13,1%, frente al 10,6% de la población total. Afecta a unos 200.000 niños y niñas en Andalucía, limitando su acceso a alimentos saludables, ropa adecuada y recursos educativos. Además, el 8,3% de nuestros menores de edad no puede consumir carne, pollo o pescado cada dos días.
En este panorama de privaciones, la vivienda es piedra angular. En Andalucía, el 25,8% de la población infantil vive en viviendas con goteras y/o humedades, que en muchos casos se suman a falta de espacio y a la imposibilidad de mantener una temperatura adecuada tanto en verano como en invierno.
La escasez de vivienda pública en nuestra comunidad autónoma agrava aún más la situación. Con solo el 6,4% de vivienda protegida oficial, las familias se ven obligadas a destinar más de un tercio de su salario, concretamente el 33,7%, a pagar la cuota hipotecaria.
Detrás de estas cifras hay de miles de hogares monomarentales, miles de familias andaluzas que son reales, con niños y niñas que están viendo limitados y destruidos sus derechos cada día.
Estas carencias afectan directa y gravemente la salud y la educación de niños y niñas. La falta de una vivienda digna también repercute en su rendimiento escolar y bienestar emocional. El estrés derivado de vivir en condiciones precarias afecta su desarrollo cognitivo y social, perpetuando el ciclo de pobreza intergeneracional.
Las experiencias adversas sufridas en las etapas más tempranas de la infancia, hasta los 5 años, ya sea a consecuencia de la posición social, el nivel educativo, los recursos disponibles, el origen étnico y otros factores, contribuyen a generar desventajas que perduran a lo largo de toda la vida de la persona. También estos determinantes sociales pueden funcionar como desencadenantes, modelar y afectar al impacto de las adversidades tempranas. Los estudios revelan la existencia de una asociación entre déficits en el neurodesarrollo, como afectaciones en el dominio del lenguaje, la memoria, y el procesamiento emocional, y los bajos niveles socioeconómicos.
Desde Unicef España reiteramos la importancia y la dificultad de abordar la pobreza infantil, tanto por su dimensión múltiple y el efecto que tiene sobre millones de vidas, como por el importante esfuerzo de inversión y coordinación entre políticas y administraciones que requiere. Y, además, dirigido a un conjunto de población, la infancia, que no vota y al que las consecuencias de estas experiencias, al menos las económicas, solo se ven a medio o largo plazo.
La pobreza infantil en Andalucía es una realidad que no podemos ignorar. Es urgente incrementar el parque de vivienda pública social y asequible en alquiler, que facilite el acceso y que reúna las condiciones adecuadas para familias con niños, incorporándolas entre las prioridades de los planes de vivienda.
Las consecuencias de vivir en condiciones de pobreza y en infraviviendas son devastadoras para los niños, niñas y adolescentes. No son solo cifras, son los rostros reales de niños y niñas de tantas y tantas familias andaluzas que se merecen un futuro lleno de oportunidades, no de limitaciones.
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