Por la salud de Doñana

En Huelva contamos con el enorme privilegio de disfrutar de uno de los santuarios ambientales de mayor consideración internacional: el Espacio Natural de Doñana, un enclave que goza de buena salud ecológica, como han puesto de manifiesto todas las misiones realizadas por la Unesco a Doñana, cuyas conclusiones han revelado que el estado de conservación es satisfactorio y que persisten los valores excepcionales universales que le hicieron merecedor de su designación como Patrimonio Mundial en 1994. A ello hay que añadir el orgullo de que este territorio se encuentre también entre los 25 espacios señalados por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como mejor gestionados del mundo.

Nuestro deber como Gobierno andaluz pasa indefectiblemente por defender esta joya natural de las no pocas amenazas que la acechan: desde los efectos del cambio global sobre sus distintos ecosistemas hasta la presión ejercida por los seres humanos, pasando por la implementación de determinados proyectos empresariales, como el del almacenamiento de gas natural que rechazamos de plano, que pudieran poner en riesgo este bien patrimonial común.

El agua es el elemento definitorio de Doñana. La preservación del acuífero que nutre el Parque y la correcta gestión de los recursos hídricos se antojan fundamentales para seguir gozando de sus singulares hábitats. Por tal razón, desde la Junta impulsamos hace algunos años, con el consenso de las administraciones y sectores implicados, el plan especial de ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana. Se trata de un documento con una vigencia indefinida, y un periodo de ejecución para el logro de sus objetivos de 15 años, habiéndose establecido la programación de sus medidas en ese horizonte temporal.

Desde la aprobación del plan hasta la fecha se ha avanzado significativamente en el análisis y revisión de la superficie incluida en este ámbito con el objetivo primordial de proporcionar la debida compatibilidad entre el uso agrario y el forestal, poniendo las bases para la definitiva regularización de aquellos regadíos que, cumpliendo con los criterios establecidos, puedan acceder al otorgamiento de los derechos de aprovechamiento de aguas definitivos; y revirtiendo y sancionando aquellos casos identificados de transformación del uso de tierras de forestal a agrícola sin la autorización pertinente o por el empleo de aguas subterráneas sin la preceptiva concesión del organismo de cuenca. En resumen, dando plenas garantías jurídicas al desarrollo de esta actividad en un espacio especialmente vigilado por unos mercados cada vez más concienciados y sensibilizados.

De este modo, estamos velando por la ordenación, regularización y dotación de infraestructuras de una muy importante área del entorno de Doñana, que asegura la puesta en marcha de un modelo de desarrollo de una agricultura sostenible, basado en un uso racional de los recursos, que garantiza la seguridad jurídica para los ayuntamientos, los agricultores, las cooperativas y comunidades de regantes, lo que redunda en una generación de empleo estable. Se trata, pues, de establecer un equilibrio entre el desarrollo de la actividad agrícola en el entorno de Doñana y las consecuencias de esta actividad en el medio ambiente y, fundamentalmente, en las aguas subterráneas que inciden en el Espacio Natural.

A corto y medio plazo, además de seguir trabajando con honestidad y máxima transparencia de la mano de ayuntamientos y agricultores en la ejecución de este plan, desde la Junta de Andalucía insistiremos en la reclamación de una transferencia de 15 hectómetros cúbicos de agua superficial desde la Demarcación Hidrográfica del Tinto-Odiel-Piedras hacia la cuenca del Guadalquivir que, incomprensiblemente, el anterior Gobierno del Partido Popular dilató y bloqueó en el Congreso de los Diputados.

Creemos que el trasvase es necesario y oportuno al darse todos los condicionantes y presupuestos: los dos planes hidrológicos, tanto el de la cuenca cedente como el de la receptora, contemplan la previsión de esta transferencia adicional a los cinco hectómetros ya autorizados en 2008, durante el mandato del presidente Zapatero, ante la imposibilidad de cubrir el déficit estructural en la demarcación del Guadalquivir con recursos propios.

En Doñana no es solo posible la convivencia entre la conservación ambiental y el desarrollo social, cultural y económico del territorio, sino imprescindible e inevitable, pues tenemos la ineludible obligación de hacer converger en este área intereses colectivos que determinan nuestra credibilidad y nuestra proyección global como provincia; en definitiva, nuestro futuro.